España necesita multiplicar por 7 la potencia de recarga eléctrica
Una red de combustible que debe reinventarse
España dispone de más de 165.000 kilómetros de carreteras y 12.685 estaciones de servicio operativas, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas instalaciones distribuyen anualmente cerca de 29 millones de toneladas de combustible, de las cuales el gasóleo representa más del 76%. En términos energéticos, esto equivale a unos 32.000 millones de litros de carburante, con un contenido energético cercano a los 320 TWh al año.
La pregunta que plantea el sector de la movilidad sostenible ya no es solo qué tecnología debe sustituir a los combustibles fósiles, sino si existe la infraestructura eléctrica necesaria para sostener esa transición. Mientras el debate público se centra en los vehículos, la red de recarga avanza a un ritmo que podría no ser suficiente.
El ahorro energético de la electrificación
La sustitución de motores de combustión por propulsión eléctrica mediante baterías ofrece ventajas energéticas notables: los expertos calculan ahorros del orden del 250% gracias a la mayor eficiencia de los motores eléctricos frente a los térmicos. Esta eficiencia superior no se replica de igual manera con otras alternativas como el hidrógeno o los combustibles sintéticos, cuyo proceso de producción implica un consumo de energía primaria considerablemente mayor.
Si se traslada este ahorro al conjunto del sistema, los 320 TWh que actualmente consume la movilidad por carretera en España podrían reducirse a un volumen aproximado de 128 TWh de energía eléctrica anual en un escenario de electrificación completa. Sin embargo, la transición no depende únicamente de la eficiencia energética: la disponibilidad de materias primas, la renovación del parque de vehículos, los costes de las baterías y, sobre todo, el despliegue de infraestructura de recarga son factores igualmente decisivos.
El reto de convertir gasolineras en electrolineras
Como ejercicio de planificación, cabría imaginar la conversión directa de las estaciones de servicio actuales en electrolineras, sustituyendo cada surtidor por un punto de carga. Bajo este supuesto, cada electrolinera necesitaría una potencia mínima de 1,15 MW repartida entre varios cargadores.
La electrificación del transporte pesado plantea exigencias técnicas mayores. Los camiones ya incorporan baterías de aproximadamente 720 kWh, con autonomías de hasta 500 km, y requieren cargadores ultrarrápidos de al menos 600 kW para completar la recarga durante los 45 minutos de descanso obligatorio tras 4,5 horas de conducción. En el segmento de turismos, la llegada de baterías de estado sólido permitirá autonomías de 800 km con 150 kWh, lo que exigirá cargadores de 250 kW para recargas inferiores a 10 minutos.
Con estos parámetros, la potencia de 1,15 MW por electrolinera resultaría claramente insuficiente en horas punta, especialmente si se considera una ocupación simultánea del 100% de los puntos de carga. El cálculo agregado supera los 14 GW, una cifra que representa más de la mitad de los 27,7 GW de nueva demanda industrial y tecnológica que el Gobierno se ha comprometido a conectar según el PNIEC 2023-2030. Esta comparación evidencia una primera disfunción entre las previsiones oficiales de conexión a red y las necesidades reales del sector del transporte.
Los puntos de recarga actuales, lejos de la norma europea
Según datos de AEDIVE, refrendados por ANFAC, España cuenta actualmente con 56.181 puntos de recarga de acceso público. Más de dos terceras partes son de baja potencia, con riesgo elevado de quedar obsoletos ante las nuevas prestaciones de los vehículos, mientras que el resto tampoco alcanza los 250 kW necesarios. A esta cifra se suma el despliegue privado en empresas, hogares y aparcamientos, mayoritariamente también de baja potencia.
El Reglamento europeo AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), de obligado cumplimiento, establece requisitos concretos de distancia y potencia para las futuras electrolineras. Para vehículos ligeros exige un punto de recarga cada 60 km en cada sentido de circulación, con un mínimo de 4 puestos por electrolinera, cargadores de 150 kW y una capacidad conjunta de 600 kW antes de 2027. Para el transporte pesado, la distancia máxima permitida es de 120 km, con cargadores individuales superiores a 350 kW y una capacidad conjunta de 2.800 kW por electrolinera.
Aplicando estos criterios únicamente a la red viaria estatal y autonómica —sin contar la provincial y local— harían falta 3.264 electrolineras para vehículos ligeros y 1.632 para transporte pesado. Esto se traduce en un mínimo de 13.056 puntos de recarga para ligeros y otros 13.056 para pesados, sin incluir aún las necesidades adicionales de la red provincial y local, que suma 67.900 kilómetros adicionales.
La potencia actual destinada al sistema público de recarga apenas supera 1 GW, una cifra que, según los cálculos del sector, debería incrementarse más de un 700% en la próxima década para dar soporte real a la electrificación del transporte y a la industria asociada a esta transformación.