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El precio 'spot' de la electricidad en el polo español del mercado ibérico ha cerrado la sesión de este jueves a un precio de 62,71 euros por megavatio hora (MWh), según la información suministrada por la 'web' del operador español del mercado, Omel.

Este precio supone una subida de 2,7 euros con respecto a la sesión anterior y el nivel más alto desde diciembre de 2008. La cota se alcanza en un contexto de baja producción hidráulica y eólica, según se aprecia en la herramienta de Red Eléctrica de España (REE) de seguimiento de demanda.

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto un expediente informativo para analizar de qué manera afectan las transacciones en los mercados no organizados (OTC) de energía durante los días previos a la celebración de las subastas de referencia para determinar la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz.

La Federación de Industria de CC.OO. asegura que el Gobierno está actuando con "dejadez" a la hora de crear empleo en la industria de las energías renovables y lamenta que el borrador del Plan de Energías Renovables (PER) para el periodo 2011-2020 reduzca los objetivos iniciales en esta materia.

De hecho, el sindicato asegura que la previsión de empleo recogida en el plan disminuye hasta la mitad la cifra contemplada en el anterior plan para el periodo 2005-2010, a pesar de que las inversiones se duplican en todas las áreas.

Los precios de la energía en España han aumentado un 10% en lo que va de año y el consumo ha caído un 9%, según datos de la consultoría de eficiencia energética Ipsom, que destacó que dicha subida ha sido especialmente significativa en julio, con un alza del 25% sobre el mismo mes del año pasado, y que la previsión es que este incremento se supere en agosto.

El déficit de tarifa del sistema eléctrico, que se genera porque los ingresos regulados son inferiores a los costes reconocidos, se situó entre enero y julio en 2.663 millones de euros, según la séptima liquidación mensual de 2011 realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Esta cifra implica un incremento medio de la deuda eléctrica de unos 370 millones de euros al mes y sitúa el desajuste a menos de 350 millones de euros del tope legal fijado por ley para el conjunto del año, de 3.000 millones de euros.

Estudian prohibir préstamos bancarios a Damasco y la transferencia de billetes sirios imprimidos en países europeos. Los Veintisiete han acordado finalmente prohibir "las nuevas inversiones" en el sector petrolero sirio de manera que prohibirán que compañías europeas inviertan en las actividades de exploración, producción y refinamiento de crudo sirio, según han explicado fuentes diplomáticas europeas. Se espera que la decisión formal se adopte la próxima semana, según han precisado otras fuentes europeas.

Trina Solar ha anunciado que ha alcanzado lo que al parecer supone un nuevo récord mundial en la potencia de salida de su módulo multicristalino probado en laboratorio. Los resultados han sido confirmados por TÜV Rheinland, con un módulo de 60 células de 156 x 156 mm que alcanza una potencia de 274 vatios pico. El récord se estableció utilizando la plataforma de tecnología "Honey", recientemente anunciada por la empresa.

La decimosexta subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se celebrará el próximo 27 de septiembre y servirá para fijar el término correspondiente a la energía dentro de la tarifa de la luz, cuya próxima revisión trimestral se realizará el 1 de octubre.

En esta ocasión, las cinco empresas capacitadas para suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR), que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, adquirirán un máximo de 6.923 megavatios (MW) de electricidad de carga base, así como 458 MW para el periodo punta.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles crear un mecanismo que obligará a los Estados miembros a informar a Bruselas de cualquier acuerdo internacional en materia de energía, incluso los que todavía se están negociando.

El Ejecutivo comunitario podrá dictaminar si estos acuerdos son compatibles con la legislación comunitaria y con los objetivos de seguridad de abastecimiento de la UE. Si la conclusión es negativa, los Gobiernos no podrán firmarlos.