México adjudica 7.410 MW renovables con almacenamiento obligatorio
Un cambio regulatorio que reactiva la inversión renovable
México atraviesa un punto de inflexión en su política energética. Tras un cuarto de siglo apoyado casi por completo en los combustibles fósiles, que cubrieron cerca del 80% de la generación eléctrica del país entre 2000 y 2024, el Gobierno mexicano ha puesto en marcha un giro regulatorio que podría acelerar de forma notable la penetración de la energía solar y eólica en su matriz eléctrica.
El detonante ha sido la adjudicación, el pasado mes de junio, de 7.410 megavatios de proyectos solares y eólicos, seleccionados entre casi 38.000 MW propuestos por inversores interesados. La cifra da una idea del apetito inversor que despierta actualmente el sector renovable mexicano. De ese total adjudicado, unos 6.700 MW corresponden a proyectos fotovoltaicos, mientras que el resto se destina a energía eólica.
La novedad más relevante de esta convocatoria no es solo la magnitud de la potencia adjudicada, sino una condición que marcará el desarrollo de estos proyectos: todos deberán incorporar baterías equivalentes a, al menos, el 30% de su capacidad instalada, con una autonomía mínima de tres horas. Esta exigencia se apoya en una normativa previa publicada en abril por la Comisión Nacional de Energía, que estableció las reglas para integrar el almacenamiento eléctrico al sistema nacional, determinando que las baterías asociadas a centrales de generación solo podrán instalarse junto a plantas renovables, nunca junto a centrales de origen fósil.
Un giro respecto a la etapa de López Obrador
Esta nueva orientación regulatoria supone un cambio de rumbo notable respecto al gobierno anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que había cuestionado abiertamente el coste y la intermitencia de la energía eólica y solar, favoreciendo en cambio el desarrollo de infraestructura fósil. El subsecretario de planeación y transición energética, Jorge Islas, ha explicado que el objetivo de fondo del nuevo enfoque es reducir progresivamente la dependencia del sistema eléctrico mexicano respecto a las centrales de ciclo combinado de gas, con vistas al horizonte de 2039.
El contexto histórico ayuda a entender la magnitud del reto. Si en el año 2000 el petróleo generaba el 45% de la electricidad mexicana y el gas natural un 22%, dos décadas después esas proporciones se habían invertido casi por completo: en 2024, el gas aportaba ya el 62% de la generación eléctrica del país, mientras el petróleo apenas superaba el 7%. La energía eólica y solar, que habían experimentado un crecimiento notable entre 2017 y 2021 (pasando del 3,2% al 12% del mix eléctrico), se estancaron durante los años siguientes.
Con el nuevo marco regulatorio, el Gobierno mexicano espera sumar aproximadamente 20.000 MW de nueva capacidad renovable y 5.000 MW de almacenamiento antes de 2030, en el marco de un plan más ambicioso que aspira a elevar la participación de las energías limpias del 22% actual al 40%, incorporando cerca de 40.000 MW de nueva capacidad total al sistema.
La referencia de Texas, Nuevo México y California
Para entender la velocidad a la que podría desarrollarse esta transformación, resulta ilustrativo observar lo ocurrido en los estados fronterizos de Estados Unidos. Texas, Nuevo México, Arizona y California generaron en conjunto una cantidad de electricidad similar a la de México en 2024, pero su transición energética reciente ha sido considerablemente más rápida.
Nuevo México, por ejemplo, pasó de depender del carbón en más del 90% en 2015 a reducir su dependencia de combustibles fósiles hasta apenas un 47% en 2025, mientras que la eólica y la solar treparon del 8% al 52% de su mix eléctrico en ese mismo periodo. Texas, por su parte, redujo su dependencia fósil del 87% al 58% en dos décadas, con energías renovables que ya superan el 34% de su generación total. California, pionera histórica del sector en Estados Unidos, elevó su cuota conjunta de solar y eólica del 2% en 2001 al 37% en 2025.
El factor común detrás de esta aceleración en los tres estados ha sido la rápida incorporación de baterías de gran escala, que permiten abaratar la electricidad en las horas de mayor demanda, aportan estabilidad a la red eléctrica y reducen la necesidad de construir costosas plantas de respaldo basadas en combustibles fósiles. Es precisamente esa lógica la que México intenta replicar ahora al exigir almacenamiento obligatorio en sus nuevos proyectos renovables.
Retos de distribución territorial y demanda industrial
El requisito de almacenamiento podría resultar decisivo si se tiene en cuenta la distribución geográfica de los recursos renovables en México: buena parte del recurso solar se concentra en el norte y el oeste del país, el recurso eólico en el noreste y en la región de Oaxaca, mientras que la mayor demanda poblacional se concentra en el centro. Además, zonas como Baja California y Yucatán permanecen relativamente aisladas de la red eléctrica nacional, lo que añade complejidad al reto de integración.
A este escenario se suma el fenómeno del nearshoring y la expansión de corredores industriales, que están disparando la demanda energética de las empresas instaladas en México. Cada vez más compañías ven la sostenibilidad no como una obligación regulatoria, sino como una ventaja competitiva. Firmas financieras como Serfimex Capital han impulsado líneas de financiamiento especializado para que pequeñas y medianas empresas instalen paneles solares y baterías, con casos destacados en estados como Jalisco y Aguascalientes. Compañías industriales como Maxion Wheels ya operan plantas fotovoltaicas propias en sus instalaciones productivas.
El sector renovable mexicano se prepara además para reunirse próximamente en la feria Intersolar México, que este año centrará buena parte de su programa en analizar cómo el almacenamiento energético se ha convertido en la pieza que faltaba para desbloquear todo el potencial solar y eólico del país.