Aspapel reclama cambios en la ley de bosques y del transporte, además de más liberalización en electricidad, puertos y ferrocarriles
La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) cifra en 153 millones de euros el impacto que han tenido sobre su actividad las medidas adoptadas en el sector energético desde el inicio de la legislatura en concepto de aumento de costes e impuestos, así como de recortes en la actividad de cogeneración.
Durante la presentación del informe anual de la asociación, el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, reclamó además, como parte de la reforma energética, recortes a las distribuidoras eléctricas y advirtió de los altos costes de la electricidad para un sector tan exportador como el del papel, lo que le hace perder competitividad en términos relativos con respecto a países como Alemania.
Este problema, indicó, se ha agravado con los nuevos impuestos a la cogeneración, que se encuentra "maniatada" y sin posibilidad de crecer debido a la moratoria aplicada por el Gobierno a la ampliación de las instalaciones. Entre el 20% y el 25% de las plantas de cogeneración están paradas, advirtió.
De Colmenares reclamó también que se levante la moratoria a la biomasa, complementaria al papel, y criticó tanto el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico como la alta retribución de los distribuidores.
"La generación eléctrica cuesta 50 euros por megavatio hora (MWh), pero se pagan 200. ¿Quién se lleva los 150?", se preguntó a propósito de este asunto, antes de reclamar "contratos bilaterales" para la industria que le permita disfrutar del precios competitivos y una "liberalización de verdad".
Además de considerar que la actividad de distribución está "sobrerretribuida", el consejero delegado de Ence advirtió del alto coste en primas de los proyectos termosolares en marcha y se mostró partidario de detenerlos e indemnizar a sus promotores.
Aspapel también es partidaria de avanzar en la liberalización de las infraestructuras ferroviarias y de los puertos, así como de modificar la legislación sobre montes y sobre el transporte para elevar la eficiencia del sector.
Ley de montes y transporte
Sobre la ley de montes, advirtió de que España debe importar madera, porque buena parte de la que produce no se certifica debido a que los pequeños cultivadores no pueden asumir el coste de esta garantía. Por eso, reclamó un "certificación paraguas" a partir de un "plan de gestión" en la que puedan participar "varios propietarios".
"El monte no puede quedar abandonado porque arde y, en cuanto se obligue a disponer de un plan de gestión, habrá más certificación y más cuidado. Además, generará ahorro y empleo, y reducirá las importaciones sin necesidad de subvenciones", señaló.
En cuanto a la legislación sobre el transporte, pidió al Gobierno que permita elevar el máximo de carga permitida en los camiones en España, que es inferior a otros países.
En la actualidad, esta limitación produce situaciones como la de que sea necesario descargar la madera procedente de Portugal para llevarla en vehículos menos pesados por el territorio español, o hacer lo mismo en la frontera francesa, pero para introducir la carga en camiones mayores.
EP