Greenpeace manifiesta su profundo desacuerdo con la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad nuclear y la falta de respeto a la legalidad ante la aprobación hoy en Consejo de Ministros del "Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos", que traspone la Directiva 2011/70/Euratom a la normativa española, y que permitiría que las empresas propietarias de centrales nucleares puedan, una vez decretado el cese de la explotación, obtener una nueva autorización, tal y como sucede con el caso de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
La organización ecologista pone en duda que Iberdrola y Endesa, propietarias de la central nuclear de Garoña, finalmente pongan en marcha de nuevo la explotación de la central y lamenta que el Gobierno legisle para defender los intereses privados de las empresas nucleares.
"Para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria va a necesitar hacer algo más que quebrantar el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, también necesita asegurar que los futuros gobiernos respeten su decisión", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Esta nueva modificación de una normativa, para satisfacer las necesidades económicas de Nuclenor, aumenta la incertidumbre legal, económica y de seguridad nuclear.
Sobre la incertidumbre legal, en las alegaciones presentados a este proyecto, se demuestra que el Real Decreto aprobado hoy afecta al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas de manera que menoscaba la seguridad nuclear. Las nuevas modificaciones se producen para permitir la continuidad de la nuclear de Santa María de Garoña y, además, para que pueda hacerlo con carácter retroactivo, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Sobre la incertidumbre de seguridad, la posibilidad de poner en marcha una central nuclear anticuada conlleva nuevos riesgos que no se han evaluado. La última evaluación data de 2009, y desde entonces se han modificado los criterios de seguridad a raíz del accidente de Fukushima, se ha modificado la situación legal de la central que tiene una orden de cierre en virtud de una orden ministerial, se han modificado los requerimientos ambientales para la utilización del agua de refrigeración procedente del Ebro, y además se ha modificado su estado de funcionamiento, ya que permanece en estado de parada desde hace más de un año.
Sobre la incertidumbre económica, la caída de la demanda eléctrica, la necesidad de nuevas inversiones requeridas por motivos de seguridad, y sobre todo la imposibilidad de que los propietarios puedan blindar la recuperación de la inversión a pesar de todas las adaptaciones legislativas que ya han conseguido, muestra la vulnerabilidad económica de la energía nuclear.
Un ejemplo semejante lo podemos encontrar en la central de Oyster Creek, en Nueva Jersey, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear, incluso el agrietamiento en los manguitos de las barras de control de ambas centrales son comparables. Esta central nuclear, es una de las seis centrales de Estados Unidos que muy probablemente cerrará debido a la caída de los precios de la energía y el aumento de los costes de mantenimiento.
