Facua ha advertido de que la bajada del recibo de la luz en abril es "meramente coyuntural", tras haber experimentado un alza anual del 8,3%, lo que se traduce en 6,48 euros mensuales, al tiempo que ha señalado que este descenso no palía los "brutales" incrementos tarifarios registrados en la última década.
Según un análisis de la organización, el recibo de la luz bajará a partir de este lunes un 7,1% para el usuario medio, lo que representa 5,71 euros al mes.
Así, el importe mensual será de 74,76 euros (58,7763288 euros más el 27,19% que representan el impuesto sobre la electricidad y el IVA), frente a los 80,47 euros que el usuario medio pagaba desde enero (63,2708088 euros más impuestos indirectos). Los usuarios volverán a pagar los recibos cada dos meses, salvo que soliciten seguir haciéndolo mensualmente.
Facua ha señalado que las tarifas eléctricas serán entre abril y junio similares a las vigentes hace justo un año. En concreto, en abril de 2012, el recibo de la luz se situó en 74,48 euros (60,05 más impuestos indirectos) mensuales.
Por otro lado, la organización de consumidores ha criticado que "lejos de acabar con la metodología para fijar la tarifa, basada en una subasta donde las grandes eléctricas deciden como quieren el precio del kWh, el Gobierno tiene previsto obligar a millones de usuarios a contratar las ofertas del mercado libre, todavía más caras".
Según Facua, el Ejecutivo está preparando un cambio regulatorio para recortar el derecho de millones de usuarios a acogerse a la tarifa fijada por el Ministerio de Energía, obligando a los que superen una determinada potencia a contratada a someterse a las tarifas del mercado libre, que generalmente son aún más caras.
"La denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) se aprueba cada tres meses en función de lo que dicta una oscura subasta que celebran las eléctricas, en la que el precio del kWh está prácticamente decidido antes de que ésta tenga lugar", ha señalado.
En este sentido, Facua ha denunciado que pese a que esta subasta "trampa" viene siendo cuestionada por las comisiones nacionales de la Energía y la Competencia, "el Ejecutivo no quiere modificar una regulación tarifaria diseñada en la época de Aznar a la medida de los intereses del sector y que Zapatero no quiso cambiar".