El CSN ultima su dictamen sobre la prórroga de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra en la recta final para emitir su dictamen sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Todo apunta a que el Pleno del organismo regulador podría aprobar el documento el próximo 8 de julio de 2026, aunque existe la posibilidad de que la decisión se aplace hasta el último Pleno del mes, previsto para el día 22. En cualquier caso, los cinco miembros del Consejo ya disponen del informe técnico final y lo están analizando para pronunciarse con la mayor celeridad posible.

Las empresas propietarias de los dos reactores de Almaraz solicitaron formalmente el pasado 30 de octubre de 2025 la extensión de la vida operativa de ambas unidades hasta junio de 2030, cumpliendo así con el marco de licencias vigente en España, que contempla prórrogas de hasta diez años. La petición responde al deseo de aprovechar una infraestructura que, según los promotores, mantiene plenas garantías de seguridad.

Argumentos técnicos y de seguridad que respaldan la extensión

Desde el sector se manejan varios argumentos de peso que apuntarían a un dictamen favorable por parte del CSN. El principal es que centrales gemelas a Almaraz en Estados Unidos ya cuentan con licencias operativas para 80 años, con perspectivas de alcanzar incluso los 100 años de actividad. Este precedente refuerza la posición de quienes defienden que la instalación extremeña tiene margen técnico suficiente para continuar operando.

Otro argumento relevante es que la propia resolución del CSN de 2020 habría dado luz verde a la central sin mayores inconvenientes hasta 2030, de no haber estado en vigor el protocolo de cierre firmado en su momento, que establecía el apagado del primer reactor en octubre de 2027 y del segundo un año más tarde.

En el plano económico, la consultora PwC ha estimado que mantener Almaraz cerrada habría encarecido la factura eléctrica hasta un 24% para hogares y pequeñas empresas y hasta un 35% para la industria, con incrementos del precio mayorista de hasta 47 €/MWh en escenarios de tensión en el mercado del gas. Estas cifras refuerzan el argumento de que el cierre nuclear tiene un coste directo sobre los consumidores.

Plazos ajustados: el Gobierno deberá decidir antes de octubre

Una vez que el CSN emita su dictamen, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispondrá de un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la solicitud de prórroga. Eso sitúa la decisión gubernamental en el entorno de septiembre u octubre de 2026, precisamente antes de la fecha límite del 30 de octubre, cuando las propietarias deberían iniciar formalmente los trámites de cierre del reactor 1 si no se aprueba la extensión.

Este calendario explica la urgencia del CSN para no dilatar más su resolución, máxime teniendo en cuenta que buena parte del mes de agosto es inhábil a efectos administrativos.

El Gobierno ha subrayado en diversas ocasiones que cualquier prórroga debe cumplir tres condiciones: no encarecer la energía para los ciudadanos, contar con el aval de seguridad del CSN y contribuir a la seguridad de suministro del sistema eléctrico. Paradójicamente, voces del propio sector argumentan que el cierre incumpliría precisamente estos tres criterios, ya que la salida de la nuclear implicaría una mayor presencia de ciclos combinados de gas y, con ello, precios más elevados en el mercado mayorista.

La decisión sobre Almaraz no es solo una cuestión de política energética, sino que tendrá consecuencias directas sobre el mix eléctrico español en un momento en que la transición hacia las renovables avanza a buen ritmo pero aún no cubre la totalidad de la demanda, especialmente en periodos de baja generación solar y eólica. El desenlace, en cualquier caso, se conocerá en cuestión de días o semanas.