Cinco patronales industriales trasladan al Congreso una propuesta urgente para salvar la cogeneración
Las principales asociaciones del sector —ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU— han remitido una propuesta conjunta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que se incorpore una disposición transitoria en la actual tramitación legislativa de la Ley de derechos de emisión de CO₂. El objetivo es prorrogar temporalmente la actividad de instalaciones industriales que han agotado o agotarán en breve su vida útil regulatoria, permitiéndoles seguir operando hasta que puedan participar en las próximas subastas de cogeneración previstas para junio de 2026.
La medida no es nueva: ya contó con el respaldo mayoritario del Parlamento el año pasado, antes de que el Gobierno retirase el proyecto de ley. Ahora, con la reactivación de esa tramitación, las patronales consideran que existe una ventana de oportunidad para desbloquear una solución que evite cierres irreversibles.
España ha perdido la mitad de su cogeneración industrial desde 2019
Los datos que manejan las asociaciones son contundentes: España ha perdido el 50% de su cogeneración industrial en apenas siete años, pasando de representar el 12% de la electricidad nacional a poco más del 6% en la actualidad. Si no se adoptan medidas, esa cifra podría caer al 3% en 2030.
En este momento, la mitad de las plantas están paradas y más de un centenar de instalaciones adicionales se verán obligadas a detener su actividad entre 2026 y 2031 al agotar su vida regulatoria sin haber podido acometer las inversiones de modernización necesarias.
"España no está ante un riesgo hipotético: ya ha perdido la mitad de su cogeneración industrial. Detrás de muchas plantas hay industrias estratégicas, empleo industrial y actividad económica repartida por toda la geografía nacional." — Javier Rodríguez, director general de ACOGEN
Qué sectores están en riesgo: del porcino al olivar, pasando por el papel y la química
La cogeneración no es una tecnología aislada: es la columna vertebral energética de sectores industriales que representan cerca del 20% del PIB industrial español y sostienen unos 200.000 empleos directos. La propuesta de las patronales afecta directamente a:
- Plantas de tratamiento de purines del sector porcino, vitales para explotaciones ganaderas y empresas cárnicas.
- Instalaciones vinculadas al olivar y al sector orujero, que gestionan subproductos del 40% de la producción nacional de aceite de oliva.
- Plantas de valorización energética de residuos que dan servicio a más de 400 municipios en Galicia y el País Vasco.
- Industrias papeleras, alimentarias, químicas, cerámicas y del automóvil, todas ellas con alta intensidad energética.
En conjunto, unas 600 fábricas en toda España dependen de la cogeneración para mantener su competitividad y eficiencia energética.
1.800 millones de euros en inversiones esperan a las subastas de junio
Las asociaciones advierten de que la medida transitoria solicitada es, además, una palanca de inversión: se estima que más de 200 industrias concurrirán al inminente concurso de 1.200 MW de cogeneración previsto para los próximos tres años, movilizando 1.800 millones de euros en modernización tecnológica, eficiencia energética, flexibilidad de red y energías renovables.
Sin la prórroga, muchas de esas plantas no llegarán operativas a las subastas, lo que impediría que sus proyectos de modernización arrancasen. "La clave es impedir que muchas instalaciones desaparezcan antes de poder acometer sus inversiones de renovación", subraya Javier Rodríguez.
La cogeneración, clave para la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico
Más allá del impacto industrial, el sector recuerda que la cogeneración aporta generación firme y síncrona distribuida por todo el territorio, contribuyendo al control de tensión y frecuencia de la red eléctrica. En un contexto de alta penetración de renovables variables y de volatilidad energética internacional, este atributo tiene un valor creciente para la resiliencia del sistema.
"Con la caída de la cogeneración, estamos perdiendo eficiencia energética, competitividad industrial y debilitando la operación del sistema eléctrico al mismo tiempo", resume el director general de ACOGEN.
Una medida transitoria hasta 2031 con amplio respaldo parlamentario
La disposición propuesta tendría carácter transitorio hasta 2031, con el objetivo de acompasar la continuidad operativa de las instalaciones existentes con el nuevo ciclo inversor de modernización y descarbonización previsto para el sector. Las asociaciones confían en que el Congreso retome el consenso político ya alcanzado el año pasado y apruebe la medida en el marco de la Proposición de Ley que actualmente modifica la normativa del mercado de derechos de emisión de CO₂.
La tramitación de las subastas se ha demorado cuatro años, generando un vacío regulatorio que ha dejado sin opciones a numerosas plantas. El Gobierno tiene previsto publicar las bases del concurso en junio; las patronales piden que ninguna instalación viable se quede fuera por llegar tarde a una convocatoria que debería haber llegado mucho antes.