Solo 1 GW de demanda renuncia a su conexión eléctrica: un fracaso regulatorio
Un plazo que casi nadie aprovechó
España tenía una oportunidad para desatascar uno de los cuellos de botella más graves de su sistema eléctrico: el acaparamiento especulativo de puntos de acceso y conexión a la red por parte de proyectos de nueva demanda que, en la práctica, nunca llegan a ejecutarse. El plazo para hacerlo venció el 22 de junio de 2026, y el resultado ha sido decepcionante.
La Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 7/2026 estableció una ventana de renuncia voluntaria a los permisos de acceso y conexión de demanda. El Gobierno esperaba que un volumen significativo de proyectos paralizado, sin viabilidad real, aprovechara la ocasión para liberarse de sus compromisos y, de paso, despejar capacidad de red para actores con proyectos más sólidos. Sin embargo, según datos conocidos al cierre del plazo, apenas poco más de un gigavatio de capacidad de nueva demanda ha desistido de su punto de acceso y conexión.
El contraste es elocuente: en España hay más de 40 GW de nueva demanda con acceso ya concedido, lo que equivale a otra España eléctrica entera esperando conectarse. De ese enorme volumen, solo una fracción mínima ha optado por renunciar. Un resultado que el propio Gobierno asume como un fracaso de la medida.
¿Por qué nadie quiso soltar su hueco en la red?
La lógica del promotor es clara cuando se analiza la estructura de incentivos diseñada por la normativa. Quienes renunciaron antes del 22 de junio obtenían dos ventajas: la devolución íntegra de los avales depositados bajo la normativa anterior y la exención del nuevo sistema de pagos por reserva de capacidad de acceso, una tasa diseñada precisamente para penalizar el acaparamiento de red por proyectos no ejecutados.
Sin embargo, el sector ha hecho sus cálculos y la ecuación no convencía. Quienes no renunciaron mantienen sus permisos vigentes, aunque quedan sujetos desde ahora a una liquidación mensual obligatoria gestionada por Red Eléctrica de España (REE) o la distribuidora correspondiente. Deberán abonar la contraprestación económica por reserva de capacidad hasta que formalicen el contrato definitivo de acceso e inicien la actividad efectiva.
Además, la recuperación de los avales ya no es automática para quienes no renunciaron: solo podrán solicitarlos cuando el pago acumulado de la nueva tasa de reserva de capacidad supere los 40 €/kW. Un umbral que, dependiendo de la potencia concedida, puede tardar tiempo en alcanzarse.
Aun así, el sector lo prefiere. La razón de fondo es estratégica: renunciar al punto de acceso no garantiza recuperarlo. Y conseguirlo de nuevo ya no es solo una cuestión de tiempo y burocracia.
El nuevo marco prioriza usos: vivienda, hospitales, baterías y centros de datos compiten por la red
Una de las novedades más relevantes del Real Decreto-ley 7/2026 es que introduce un sistema de priorización por tipo de actividad en la asignación de nuevos puntos de acceso. Los proyectos no compiten solo por tiempo de tramitación: el Gobierno, o la comunidad autónoma competente, tendrá capacidad para ordenar las solicitudes según criterios de interés público, distinguiendo entre usos como vivienda, centros de datos, hospitales o instalaciones de almacenamiento energético.
Esta discrecionalidad es precisamente lo que más inquieta al sector industrial. Fuentes consultadas lo explican con crudeza: «Es preferible pagar más que comenzar de nuevo la tramitación de un proyecto por mucho que haya cambiado. Ahora ya no depende únicamente de tiempo, sino que hay otros intereses políticos, y por eso casi nadie se ha deshecho del punto».
En otras palabras, la industria y los centros de datos han aplicado el principio de prudencia más elemental: más vale conservar lo que ya se tiene que arriesgarse a perderlo en un proceso de tramitación cuyo resultado depende ahora también de variables políticas y de política industrial.
Un problema estructural sin solución fácil
El fracaso del mecanismo de renuncia voluntaria pone de relieve la profundidad del problema. España acumula sucesivas burbujas de solicitudes de conexión a la red: primero en generación renovable, luego en almacenamiento y ahora en demanda. En todos los casos, el número de proyectos que solicitan acceso supera con creces la capacidad real disponible, lo que bloquea la red para quienes sí tienen proyectos maduros y listos para ejecutar.
Red Eléctrica pasará ahora a cobrar mensualmente a los titulares de puntos de acceso de demanda que no activen su conexión, con importes que combinan el término de potencia del peaje de acceso con factores multiplicadores e incrementos semestrales fijados por el Gobierno. La presión económica creciente podría acabar provocando las renuncias que el plazo voluntario no logró. Pero el sector ya ha demostrado que prefiere soportar ese coste antes que volver a la casilla de salida.
El debate de fondo es si España necesita un rediseño más profundo del sistema de acceso y conexión, más ágil y menos susceptible de acaparamiento, para que la nueva demanda —industria electrointensiva, centros de datos, almacenamiento, electrificación de procesos— pueda conectarse con la rapidez que exige la transición energética.