Separar red y operador del sistema: el debate eléctrico que se abre en España
Un debate técnico que se convierte en cuestión de competitividad
El futuro de las redes eléctricas españolas ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para situarse en el centro de la política energética, la competitividad industrial y la protección del consumidor. La creciente electrificación de la economía, impulsada por la transición hacia las renovables, exige inversiones inteligentes, decisiones neutrales y una planificación eficiente de las infraestructuras de transporte.
En este contexto, gana peso una pregunta que hasta hace poco apenas se formulaba en España: ¿debe Red Eléctrica seguir ejerciendo simultáneamente como propietario de la red de transporte y como Operador del Sistema? Esta doble función, conocida como modelo TSO (Transmission System Operator), es la norma en la práctica totalidad de la Unión Europea, pero cada vez son más las voces que reclaman revisarla, tomando como referencia experiencias como la de Reino Unido, Estados Unidos o Brasil.
La concentración de funciones en Red Eléctrica, bajo la lupa
Red Eléctrica desempeña actualmente un doble papel: por un lado, construye y explota la red de alta tensión como transportista; por otro, actúa como Operador del Sistema, responsable de garantizar la seguridad de suministro, planificar las necesidades futuras de la red y coordinar el funcionamiento global del sistema eléctrico.
Esta concentración plantea una pregunta evidente para numerosos agentes del mercado: ¿puede una misma compañía decidir qué inversiones son necesarias, ejecutarlas y percibir por ellas una retribución regulada, sin que se generen conflictos de interés? Fuentes del sector eléctrico consultadas señalan que cuando la función de planificación recae en una entidad integrada con el propietario de la red, se genera un incentivo estructural para priorizar soluciones basadas en nuevas infraestructuras de transporte frente a otras alternativas que podrían resultar más eficientes. El riesgo, advierten, es una expansión de activos regulados cuyo coste termina repercutido en la factura eléctrica de hogares e industrias.
ACCIONA, a través de su presidente José Manuel Entrecanales, ha planteado abiertamente la necesidad de abrir a la competencia el negocio de redes eléctricas en España, defendiendo que más actores puedan construir y operar infraestructuras de transporte para que la transición energética sea un éxito.
Los retrasos en planificación, en el centro de la polémica
Un dato aportado en el debate resulta especialmente revelador: según estimaciones de PwC, el 43% de las inversiones previstas en la planificación eléctrica 2025-2030 corresponden a posiciones y líneas que ya estaban contempladas en planificaciones anteriores y que deberían haberse ejecutado en marcos temporales previos. Los retrasos, en algunos casos, alcanzan hasta una década.
Desde Red Eléctrica se defiende que estos retrasos no son achacables a su gestión, sino a la exigente tramitación administrativa que enfrentan los grandes proyectos de transporte: una nueva línea de 400 kV puede tardar hasta diez años en estar operativa. Por ello, la compañía considera que incorporar nuevos actores a la construcción de redes no resolvería el problema del permitting, sino que podría agravarlo.
El precedente británico y la presión regulatoria en España
La referencia internacional más citada en este debate es el caso de Reino Unido, donde el Gobierno y el regulador Ofgem concluyeron, tras años de análisis, que la modernización del sistema energético requería una institución de planificación más independiente del propietario de la red de transporte.
En paralelo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha dado pasos en esta dirección en España: el regulador ha exigido a Red Eléctrica reforzar la separación entre su función como Operador del Sistema y su actividad como transportista, y prohibirá al equipo que dirige la operadora recibir parte de su retribución en forma de acciones de la compañía, una medida orientada precisamente a reducir posibles conflictos de interés.
A nivel europeo, la patronal de operadores de sistema ENTSO-E respalda las propuestas de Bruselas para abaratar la electricidad, pero reclama al mismo tiempo una regulación que garantice una rentabilidad competitiva para poder financiar las inversiones récord que exigirá la modernización de las redes en las próximas décadas. Esta tensión entre abaratar la factura eléctrica y remunerar adecuadamente las inversiones necesarias para la electrificación será, previsiblemente, uno de los ejes centrales del debate regulatorio que se avecina en España y en el conjunto de la Unión Europea.