Greenpeace critica la prórroga de Almaraz por frenar renovables
Greenpeace denuncia un "error histórico" en la política energética
La organización ecologista Greenpeace ha manifestado su "rechazo e indignación" ante la decisión del Gobierno de prolongar hasta 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres. Según la ONG, esta medida rompe el calendario de cierre pactado en 2019 y representa un retroceso significativo en los compromisos climáticos y energéticos de España.
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha calificado la decisión como un "error histórico" que golpea la credibilidad del Ejecutivo y compromete la transición energética del país. Según su valoración, la prórroga responde al "interés económico" de las compañías eléctricas y no a criterios de seguridad técnica ni de abaratamiento de la factura eléctrica para los consumidores.
El impacto de Almaraz sobre la entrada de renovables
Uno de los argumentos centrales de Greenpeace es que mantener en funcionamiento la central nuclear dificulta la entrada de nueva potencia eólica y solar en el sistema eléctrico, contradiciendo así los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La organización sostiene que la presencia continuada de esta generación de base nuclear puede saturar la red y generar más horas de precios negativos, un escenario que penaliza la rentabilidad de nuevos proyectos renovables.
Según datos difundidos por la organización, la decisión podría poner en riesgo hasta 26.130 millones de euros en inversiones destinadas a renovables y almacenamiento energético en España. Greenpeace también ha citado un informe de la Universidad Rey Juan Carlos que estima un sobrecoste de 3.831 millones de euros para hogares y empresas hasta 2033 como consecuencia de esta prórroga.
Greenpeace ha calificado como "especialmente preocupante" el momento elegido para comunicar la decisión, a mediados de agosto, describiéndolo como un "desprecio a la ciudadanía" y "un insulto a la transparencia democrática". La ONG ha anunciado que explorará "todas las vías" disponibles para intentar revertir esta decisión.
Riesgo de "efecto dominó" en el resto del parque nuclear
Entre las principales preocupaciones expresadas por Greenpeace figura el riesgo de que esta prórroga siente un precedente para nuevas ampliaciones en otras centrales nucleares españolas. La organización ha advertido de un posible "efecto dominó" que podría desembocar en un escenario para 2030 en el que hasta cuatro reactores —los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, en Valencia— dejarían de operar de forma simultánea si no se revisa el calendario original.
Este planteamiento choca frontalmente con la hoja de ruta de descarbonización prevista en el PNIEC, que contempla un mix eléctrico con un peso creciente de las energías renovables y una progresiva reducción de la generación nuclear en el sistema eléctrico español.
Reacciones políticas y sectoriales
La decisión del Gobierno ha generado también críticas desde el ámbito político. El partido ecologista Alianza Verde ha calificado de "bochornoso" el anuncio, acusando al Ejecutivo de "someterse a los intereses del oligopolio" eléctrico. Su coordinador federal, Juantxo López de Uralde, ha denunciado que el Gobierno "ha mentido" sobre su posición respecto a la prórroga, recordando que tanto el secretario de Estado de Energía como la ministra habían calificado en su momento de "imposible" dicho escenario.
La formación ha reclamado explicaciones al Gobierno de coalición, subrayando que el cierre nuclear conforme al calendario pactado figuraba explícitamente en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Mientras tanto, otras voces del sector, como la Fundación Renovables, también han calificado la decisión de "error histórico", coincidiendo en el análisis de que la medida podría lastrar el desarrollo del sector renovable en España en los próximos años.
El debate sobre el futuro del parque nuclear español y su compatibilidad con los objetivos de despliegue de energías renovables continúa así abierto, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno, las compañías eléctricas, las organizaciones ecologistas y distintas plataformas territoriales vinculadas al empleo en las zonas donde se ubican estas instalaciones.