Fiscalidad nuclear en España: la clave tras la prórroga de Almaraz
La prórroga de Almaraz reabre el debate energético
El Gobierno español aprobó recientemente la prórroga de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, una decisión que introduce incertidumbre sobre el calendario de cierre nuclear pactado en el protocolo de 2019. Con este movimiento, los siete reactores del parque nuclear español tienen garantizada su operación durante, al menos, los próximos años, aunque su continuidad a largo plazo dependerá de decisiones políticas futuras.
Más allá de las posturas de los distintos partidos, el debate técnico sobre el papel de la energía nuclear en el sistema eléctrico español gira en torno a dos ejes: la carga fiscal que soportan estas instalaciones y su contribución a la seguridad de suministro. Ambos factores condicionarán si las centrales nucleares pueden seguir siendo viables económicamente en un mix eléctrico cada vez más dominado por las renovables.
Una fiscalidad que pone en jaque la rentabilidad nuclear
La carga fiscal específica que soporta una central nuclear en España se sitúa entre 25 y 28,6 euros por megavatio hora, según estimaciones del sector. De acuerdo con un análisis de PwC citado en el debate, esta fiscalidad se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años, y se prevé que entre 2025 y 2035 llegue a representar más del 40% de los costes totales de operación de estas plantas.
Desglosando esos aproximadamente 28 €/MWh en impuestos, la Tasa Enresa —destinada a la gestión de residuos radiactivos— supone 10,36 €/MWh, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) aporta casi 5 €/MWh (aunque se reducirá a partir del próximo año), el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado supera los 5 €/MWh, y otras tasas como el IBI, el IAE, el Consejo de Seguridad Nuclear o la Guardia Civil suman otros 3 €/MWh adicionales.
A esta fiscalidad estatal se añaden los tributos autonómicos, que varían notablemente según la comunidad donde se ubica cada central:
- Cataluña (Ascó I, Ascó II y Vandellós II): aplica el Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, con un gravamen de aproximadamente 6,65 €/MWh, lo que supone una recaudación cercana a los 150 millones de euros anuales para la Generalitat.
- Extremadura (Almaraz I y II): cuenta con un impuesto medioambiental sobre la producción nuclear de unos 5 €/MWh, generando un coste fiscal de entre 80 y 90 millones de euros al año para la planta.
- Comunidad Valenciana (Cofrentes): aplica un tributo medioambiental reducido, de en torno a 1,80 €/MWh, con un coste anual aproximado de 14 millones de euros.
- Castilla-La Mancha (Trillo): es la única comunidad con planta nuclear en activo que no impone un gravamen autonómico específico adicional.
La presidenta de Extremadura había planteado en varias ocasiones la posibilidad de reducir la ecotasa autonómica si finalmente se mantenía abierta Almaraz. Con la prórroga ya aprobada, esa promesa queda ahora sobre la mesa a la espera de concretarse.
El sector considera que, con el precio medio de la electricidad a la baja —y con horas de precio prácticamente nulo cada vez más frecuentes debido al peso creciente de la generación renovable—, la viabilidad económica de las centrales nucleares dependerá en gran medida de que se revise esta estructura fiscal en los próximos años.
El papel de la nuclear en la seguridad de suministro
El segundo eje del debate es la contribución de la energía nuclear a la seguridad de suministro del sistema eléctrico. Las centrales nucleares constituyen la mayor fuente de energía síncrona del mix eléctrico español, aportando estabilidad como energía de base y sin emisiones directas de CO2.
Según ha trasladado el Ministerio para la Transición Ecológica, la decisión de mantener operativa Almaraz tuvo en cuenta la opinión de Red Eléctrica de España (REE) como operador del sistema, que consideró que la continuidad de la central contribuye a reforzar la estabilidad de la red en un contexto de creciente penetración de renovables.
Este argumento se enmarca en un debate más amplio sobre cómo gestionar la variabilidad de la generación eólica y solar, que ya representan una parte sustancial del mix eléctrico español. La prórroga de Almaraz, sin embargo, también plantea interrogantes sobre su impacto en la gestión del sistema: algunos análisis apuntan a que podría incrementar el vertido de energía renovable en determinadas horas, al competir la generación nuclear inflexible con la producción solar y eólica en momentos de baja demanda.
El futuro del parque nuclear español, por tanto, no se dirimirá únicamente en el plano político, sino que dependerá de si se aborda una revisión de la fiscalidad que permita su rentabilidad y de cómo se equilibre su papel de respaldo con el crecimiento continuado de las energías renovables en el sistema eléctrico nacional.