Centros de datos en España: 80 % de renovables nuevas obligatorias
Un decreto para ordenar el auge de los centros de datos
El Gobierno español ha puesto en marcha, por la vía de urgencia, un proyecto de Real Decreto que obligará a los nuevos centros de datos que se construyan en el país a abastecerse de energía renovable en, como mínimo, un 80 % de su consumo. La norma, impulsada conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica y de Economía y Transformación Digital, se encuentra desde este jueves en fase de audiencia pública, con un plazo abierto para presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre.
El objetivo declarado es lograr un despliegue sostenible y ordenado de estas infraestructuras, que se han convertido en grandes consumidoras de electricidad y agua a medida que crece la demanda vinculada a la inteligencia artificial y la digitalización de la economía.
Adicionalidad: renovables nuevas, no genéricas
El punto central de la propuesta normativa es el principio de adicionalidad: no bastará con que un centro de datos compre electricidad verde del mix general, sino que cada nuevo megavatio (MW) de consumo deberá estar respaldado por un MW de potencia renovable de nueva instalación, puesta en marcha en los 18 meses previos a la entrada en funcionamiento del centro.
Esta cobertura renovable podrá lograrse mediante dos vías: el autoconsumo directo o la firma de contratos de suministro a largo plazo, conocidos como PPA (Power Purchase Agreement), una fórmula que en los últimos años se ha consolidado como mecanismo de financiación para nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España. Un aspecto especialmente exigente del borrador es que este autoconsumo renovable deberá acreditarse hora a hora, lo que obligará a las empresas a certificar de forma granular que su electricidad procede efectivamente de fuentes limpias en tiempo real, y no solo en balance anual.
Eficiencia energética e hídrica, alineadas con la normativa europea
Más allá del componente renovable, el proyecto de Real Decreto eleva también las exigencias de eficiencia energética e hídrica que deberán cumplir los nuevos centros de datos, anticipándose al nuevo sistema de etiquetado que está desarrollando la Comisión Europea y que entrará en vigor en agosto de 2027. A partir de esa fecha, será obligatorio alcanzar la categoría más alta de la escala europea, la categoría A, tanto en el indicador de eficiencia energética (Power Usage Effectiveness, PUE) como en el de eficiencia hídrica (Water Usage Effectiveness, WUE).
El acceso a la red eléctrica, condicionado al cumplimiento
La norma vincula directamente estos requisitos con el acceso a la red eléctrica, identificado como el principal cuello de botella para el desarrollo de nuevos centros de datos en España. Los proyectos que quieran obtener derechos de acceso y conexión deberán acreditar previamente que cumplen las condiciones de renovables adicionales y eficiencia establecidas.
El incumplimiento no será solo una infracción formal: conllevará penalizaciones económicas crecientes en los cargos y peajes de acceso a la red y, en los casos más graves, la pérdida definitiva del derecho de conexión. Los fondos recaudados por estas penalizaciones se destinarán a compensar el sobrecoste que genere sobre el sistema eléctrico —y, en última instancia, sobre la factura de todos los consumidores— el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y de correlación horaria del consumo renovable.
Para los proyectos que ya se encuentran en tramitación, el decreto fija un periodo de adaptación de seis meses para acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos, plazo que se reduce a tres meses si el proyecto está pendiente de un concurso de acceso a la red. Quienes no logren adaptarse deberán renunciar a sus derechos de acceso y conexión.
Un sector que ha crecido muy por encima de lo previsto
El Ejecutivo justifica la urgencia de la medida recordando que España se ha convertido en un destino especialmente atractivo para la inversión en centros de datos, hasta el punto de superar ampliamente las previsiones iniciales de la Estrategia de Inteligencia Artificial. Según los datos del Gobierno, desde 2021 se han concedido más de 12 gigavatios (GW) de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones, frente a un consumo que originalmente se estimaba entre 3,5 y 4 GW.
El Gobierno defiende que estas infraestructuras son ya indispensables para una economía moderna y representan una oportunidad para avanzar en la digitalización y en la soberanía digital europea, siempre que su despliegue se realice bajo criterios de sostenibilidad ambiental y energética. Por ello, el proyecto normativo establece requisitos específicos para las instalaciones de más de 1 MW de potencia eléctrica, consideradas las de mayor impacto territorial, hídrico y ambiental.
Además, todos los centros de datos con más de 500 kW de potencia deberán remitir periódicamente al Ministerio para la Transición Ecológica información sobre su eficiencia energética y sostenibilidad. Los de más de 1 MW tendrán que detallar, adicionalmente, si cumplen las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos.