AEE pide adaptar el decreto de centros de datos por riesgo a la red
AEE alerta sobre el impacto de los centros de datos en la red eléctrica
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha solicitado revisar y adaptar el decreto que regula la conexión de centros de datos a la red eléctrica española, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios en el sistema. La organización, que representa a los principales actores del sector eólico en España, considera que el crecimiento acelerado de estas infraestructuras digitales podría generar tensiones en la operación de la red si no se establecen mecanismos adecuados de planificación y coordinación.
El auge de los centros de datos, impulsado por la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial, ha disparado la demanda de nuevos puntos de conexión eléctrica en distintas comunidades autónomas. Estas instalaciones requieren un suministro eléctrico estable y de alta capacidad, lo que plantea retos añadidos para un sistema eléctrico que, al mismo tiempo, avanza hacia una mayor penetración de energías renovables como la eólica y la solar fotovoltaica.
La preocupación por la estabilidad del sistema eléctrico
Según la posición trasladada por AEE, la actual normativa sobre centros de datos no contempla con suficiente detalle las particularidades de un sistema eléctrico en plena transformación, cada vez más dependiente de fuentes renovables variables. La asociación defiende que cualquier marco regulatorio para estas infraestructuras debe tener en cuenta la capacidad real de la red para absorber nuevas cargas sin comprometer la seguridad de suministro ni penalizar la integración de energía eólica.
Uno de los aspectos que preocupa al sector es la posibilidad de que la concentración de centros de datos en determinadas zonas geográficas sature los puntos de conexión disponibles, dificultando el acceso a la red tanto para estos consumidores intensivos como para nuevos proyectos renovables que buscan evacuar su producción. Esta competencia por la capacidad de conexión podría convertirse en un cuello de botella si no se aborda con una planificación coordinada entre administración, operador del sistema y promotores.
La adaptación del decreto busca garantizar que el crecimiento de los centros de datos sea compatible con la estabilidad del sistema eléctrico y con los objetivos de despliegue renovable.
Renovables y digitalización, un equilibrio necesario
El planteamiento de AEE se enmarca en un contexto donde España avanza hacia los objetivos de descarbonización fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé alcanzar los 62 GW de potencia eólica instalada en 2030. La asociación insiste en que cualquier decisión regulatoria sobre nuevas cargas de consumo, como las que suponen los centros de datos, debe analizarse en conjunto con la evolución del parque de generación renovable para evitar desajustes entre oferta y demanda.
La propuesta de AEE apunta a la necesidad de mecanismos que permitan una gestión más flexible de la demanda de estos centros, de forma que puedan adaptar su consumo a los momentos de mayor disponibilidad de energía renovable, contribuyendo así a la estabilidad de la red en lugar de suponer una presión adicional sobre ella. Esta fórmula, señalan desde el sector eólico, permitiría aprovechar mejor la producción eólica y solar, reduciendo vertidos de energía renovable en los periodos de alta generación.
La asociación reclama también mayor transparencia y coordinación entre los distintos agentes implicados —operador del sistema, distribuidoras y promotores de centros de datos— para anticipar los puntos de la red donde la nueva demanda podría generar mayores tensiones, y así priorizar las inversiones en refuerzo de infraestructuras allí donde sean más necesarias.
Próximos pasos en la regulación
Por el momento, AEE ha trasladado su posición a las autoridades competentes con el objetivo de que se tengan en cuenta estas consideraciones antes de que el decreto sobre centros de datos entre en su fase de aplicación definitiva. El sector eólico espera que la revisión normativa incorpore criterios que favorezcan la compatibilidad entre el despliegue de infraestructuras digitales y la integración de energías renovables, evitando que ambos procesos, estratégicos para la economía española, entren en conflicto por la capacidad limitada de la red eléctrica.