9.099 millones para proteger a hogares y microempresas vulnerables de la volatilidad del precio de los combustibles fósiles
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), junto con los ministerios de Transportes y de Vivienda, ha puesto en audiencia pública el Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC), dotado con 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032. El plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea —que aporta el 75% del presupuesto, correspondiente al 10,52% de los recursos totales del fondo asignados a España—, está diseñado para proteger de forma estructural a los colectivos más vulnerables ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles.
El Gobierno tiene previsto remitirlo a la Comisión Europea para su aprobación antes de que concluya 2026. Las alegaciones pueden presentarse hasta el 29 de junio a través del formulario oficial del MITECO.
El plan se articula en dos grandes componentes: 4.723 millones para edificios (52% del total) y 4.376 millones para transporte (48%), con actuaciones dirigidas exclusivamente a hogares vulnerables en situación de pobreza energética, usuarios sin alternativas viables al vehículo de combustión y microempresas de menos de 10 empleados y menos de 2 millones de facturación.
Componente edificios (4.723 M€): rehabilitación, comunidades energéticas y vivienda asequible
El bloque de edificios concentra la mayor parte del presupuesto y se estructura en siete líneas de actuación con especial relevancia para el sector renovable:
- Promoción de vivienda asequible (1.813 M€): construcción de nueva vivienda asequible y rehabilitación integral de edificios sin uso residencial, con altos estándares de eficiencia energética.
- Rehabilitación en barrios vulnerables (1.220 M€): intervenciones a escala de barrio que incluyen climatización renovable y desarrollo de redes de calor y frío de distrito.
- Rehabilitación de edificios residenciales (923 M€): mejora del aislamiento térmico y sustitución de sistemas basados en combustibles fósiles en edificios con hogares vulnerables, con ayudas escalonadas según el nivel de mejora energética.
- Rehabilitación de viviendas individuales (278 M€): para hogares en edificios plurifamiliares que no puedan acometer una rehabilitación comunitaria.
- Comunidades energéticas y consumidores activos (300 M€): impulso al autoconsumo colectivo y al almacenamiento energético, con la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.
- RED-ACTÚA (27 M€): ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento presencial e itinerante en zonas rurales para facilitar el acceso a las ayudas.
- Proyectos piloto de intervención exprés (162 M€): actuaciones de urgencia térmica y mejora de climatización en centros educativos y asistenciales públicos.
Componente transporte (4.376 M€): vehículo eléctrico, movilidad rural y bicicleta
El bloque de transporte responde a que el sector genera más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y es el más expuesto a la volatilidad del precio de los hidrocarburos. Las seis líneas de actuación incluyen medidas directamente relevantes para autónomos y microempresas:
- Descarbonización del transporte por carretera (2.269,6 M€): ayudas de hasta el 100% del sobrecoste para la renovación de flotas de vehículos pesados por eléctricos en microempresas vulnerables (846,2 M€); 642 M€ para la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por autónomos y microempresas; 381,4 M€ para electrificación de flotas de transporte público urbano; y 400 M€ para despliegue de puntos de recarga en instalaciones propias de empresas.
- Transporte público asequible (964,8 M€): creación del Abono Único Social (740,5 M€) con viajes ilimitados y multimodales para colectivos vulnerables, y más de 80 km de nuevos carriles bus (224,3 M€).
- Movilidad rural a la demanda (702 M€): plataformas digitales y flotas de cero emisiones para servicios de transporte a demanda (551 M€) y soluciones de movilidad compartida local (151 M€), en un ámbito donde el coche absorbe el 96,2% del presupuesto de transporte familiar.
- Movilidad activa (370,5 M€): infraestructuras ciclistas seguras y sistemas públicos de bicicleta, con el objetivo de triplicar el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte.
- Intermodalidad (26,2 M€): aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones y adaptación de 108 unidades ferroviarias para subir bicicletas sin plegar.
- Carpooling (43 M€): más de 40 aparcamientos intermodales en la Red de Carreteras del Estado para fomentar el uso compartido del vehículo.
Perspectiva de género y gobernanza: más de 1.000 aportaciones en la consulta previa
El plan incorpora de forma transversal la perspectiva de género, al constatar que las mujeres —especialmente las que encabezan familias monoparentales— sufren de forma desproporcionada tanto la pobreza energética como la pobreza de transporte. Los criterios de vulnerabilidad socioeconómica para acceder a las ayudas tendrán en cuenta la composición familiar, el nivel de renta, la existencia de personas dependientes y la situación de víctimas de violencia de género.
Para su elaboración, el Gobierno ha incorporado más de 1.000 aportaciones de agentes sociales, entidades del tercer sector, administraciones autonómicas y entidades locales. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos hasta el 31 de julio de 2032, bajo el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) exigido por la normativa europea.
Con este plan, España da un paso desde las medidas de protección temporales —como el escudo social de 5.000 millones aprobado en el contexto de la crisis de Oriente Medio— hacia soluciones permanentes y estructurales que reducen de forma definitiva la exposición de los hogares más vulnerables a la volatilidad de los combustibles fósiles.