Licencia social eólica: el caso Labraza y el reto de la repotenciación

Qué es la licencia social y por qué importa para la eólica

La licencia social es la aceptación continuada de un proyecto por parte de la comunidad en la que se implanta. A diferencia de una autorización administrativa, no se otorga en un trámite puntual ni caduca en una fecha concreta: se renueva o se erosiona a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Para el sector eólico español no es un asunto menor. Según el Anuario Eólico 2026 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), España cuenta con 1.454 parques repartidos en 860 municipios. La relación con el territorio no es, por tanto, un debate teórico, sino una realidad cotidiana en cientos de ayuntamientos, muchos de ellos en zonas rurales con una sensibilidad especial hacia el uso del suelo y el paisaje.

La experiencia acumulada en proyectos reales apunta a tres condiciones que sostienen esa aceptación en el tiempo: información comprensible sobre qué se construye y qué recibe el municipio a cambio; un beneficio tangible y verificable que llegue de forma visible a quienes conviven con la instalación; y continuidad, ya que los compromisos cumplidos año tras año son los que transforman la aceptación inicial en confianza duradera.

Los mecanismos de financiación ciudadana renovables, ya sean préstamos vecinales o entrada en el capital del proyecto, encajan especialmente bien en la segunda condición porque convierten el beneficio en algo medible e individual: el vecino deja de ser un mero espectador y pasa a formar parte del proyecto.

Labraza: la confianza se mide en pagos cumplidos

El parque eólico Labraza, en Oion (Álava), promovido por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE) a través de AIXEINDAR, es el primero que se pone en marcha en Euskadi desde 2006. Con 40 MW de potencia, reserva hasta 3 millones de euros de su financiación para personas empadronadas en su entorno, mediante un préstamo a tres años con un interés fijo del 7% anual, garantía bancaria y prioridad para los vecinos más cercanos al parque.

El diseño ya era interesante sobre el papel, pero el caso aporta ahora algo más valioso: resultados. La demanda superó el tramo previsto ya en la fase de prerreserva y, con el parque todavía en construcción y su entrada en operación prevista para diciembre de 2026, el proyecto ya ha realizado dos pagos de intereses a los vecinos participantes. El retorno económico ha llegado al territorio antes que el primer kilovatio hora generado.

De esta experiencia se extraen tres aprendizajes útiles para cualquier promotor eólico. Primero, el beneficio puede adelantarse al aerogenerador: la fase de obra es la de mayor impacto visible, con tráfico pesado, maquinaria y movimientos de tierra, y que el retorno empiece a llegar precisamente en ese momento cambia la conversación en el municipio. Segundo, cumplir es el mejor mensaje: cada pago puntual transforma una promesa en un hecho comprobable en la propia cuenta del vecino. Y tercero, la participación financiera es una pieza más, no el todo: en Labraza convive con una tarifa eléctrica especial para los vecinos de Labraza y Barriobusto, con ingresos fiscales para el ayuntamiento y con medidas ambientales como la detección de avifauna con parada automática de aerogeneradores.

Repotenciación: parques con veinte años de licencia social sobre la mesa

Si hay un frente donde la licencia social va a ponerse a prueba en los próximos años es la repotenciación eólica. Según AEE, 9,77 GW eólicos superan ya los 20 años de antigüedad y hay 46 proyectos en desarrollo que modernizarán 1.132 MW. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que será necesario repotenciar entre 10 y 12 GW en esta década, con comunidades como Castilla y León o Aragón concentrando buena parte del parque más veterano.

La repotenciación parte de una posición singular respecto a un parque nuevo: el proyecto ya tiene historia en el territorio. Hay dos décadas de convivencia, ingresos municipales recurrentes, empleo local en operación y mantenimiento, y una comunidad que conoce la eólica de primera mano. Ese capital social acumulado es un punto de partida favorable, pero no se transfiere de forma automática al nuevo proyecto.

Cambia el paisaje, ya que las nuevas máquinas son más altas y con palas más largas; aunque el número de aerogeneradores se reduce de forma notable (en 2025, la repotenciación de siete parques permitió pasar de 147 a 20 aerogeneradores), su mayor visibilidad exige volver a explicar el proyecto a la comunidad. También vuelve la tramitación administrativa, ya que la repotenciación reabre procedimientos y con ellos la posibilidad de alegaciones, por lo que dar la licencia social por supuesta es el principal riesgo para los promotores. Y llega nueva inversión, lo que abre la puerta a diseñar de nuevo mecanismos de participación vecinal similares a los de Labraza.

Una tarea pendiente más allá del desarrollo reglamentario

Seis meses después de la aprobación del RD-ley 17/2026, el desarrollo reglamentario que debe concretar cómo trasladar parte de los beneficios de los grandes proyectos eólicos a las comunidades locales sigue pendiente: porcentajes, plazos y mecanismos de acreditación del Estándar de Excelencia Social y Territorial están todavía por definir.

Sin embargo, como demuestra el caso de Labraza, la licencia social no depende de una publicación en el BOE. Se construye, o se pierde, en cada municipio y con cada proyecto, mucho antes de que ninguna norma la exija y mucho después de que un parque entre en operación. Con la ola de repotenciación que se avecina en la próxima década, el sector eólico español tiene ante sí una oportunidad singular para consolidar ese vínculo con el territorio allí donde ya existe una relación de dos décadas.