La eólica ingresa 53 millones menos en enero por las nuevas medidas del Gobierno

Creado: Jue, 03/14/2013 - 14:42
Autor: energelia

El sector eólico ha sufrido una merma de 53 millones de euros en sus ingresos en el mes de enero con respecto a sus previsiones iniciales como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2013 y de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

En una nota, la asociación explica, a partir de datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que la prima unitaria por kilovatio hora (kWh) ha pasado de 4,187 céntimos de euro en enero de 2012 a 3,88 céntimos de euro en enero de 2013, lo que supondría un 7,2% menos.

Este dato ya incluye las medidas del Real Decreto Ley 2/2013, que entró en vigor en febrero "con efectos retroactivos", pero no el nuevo impuesto del 7% sobre la generación, explica la asociación. Tras aplicar este gravamen, la reducción real del incentivo es del 21,4%, o de 3,292 céntimos de euro por kWh.

Los datos de la CNE muestran un incremento del 62% en los incentivos a la eólica asociados a que la producción de esta tecnología aumentó un 73% en enero como consecuencia de los fuertes vientos en la Península durante el mes.

De esta forma, la eólica se convirtió en la primera tecnología. Sin embargo, "si se tiene en cuenta el impacto del impuesto del 7%, los incentivos de todos los parques eólicos subieron sólo el 37,9%, muy por debajo de lo que aumentó la generación".

En enero entró en vigor el Real Decreto Ley 2/2013, que elimina la opción de las empresas de percibir el precio de mercado más una prima y que implica por ello una reducción de los incentivos por modificar los parámetros con los que estos se actualizan.

Durante el mes, la eólica generó el 57% de la electricidad del régimen especial y recibió a cambio el 34% de las primas reales, señala la AEE, antes de insistir en que las medidas del Gobierno son "retroactivas y vulneran los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima", lo que pone "en jaque" el futuro del sector.

EP