El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha entendido que las condiciones planteadas para la instalación de los nuevos 450 megavatios eólicos en Canarias no eran idóneas y ha decidido modificar la normativa para alargar los plazos de registro e instalación de los proyectos. El motivo ha sido que sólo 15 MW (el 3,33% de la potencia prevista) ha mostrado interés en registrarse antes de que finalizase el primer plazo establecido.
El pasado mes de noviembre acabó el plazo para formalizar la inscripción de los 450 MW canarios a los que la Orden IET/1459/2014 les permite, con carácter excepcional, a percibir retribución a la inversión de manera directa, sin pasar por el mecanismo de subastas que rige a raíz de la Reforma Energética. Al valor de la retribución a la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación.
A pesar de esta excepcionalidad, sólo 15 MW se presentaron a formalizar la inscripción, ninguno procedente de los concursos canarios que se pretendía priorizar. Ante esta tesitura, el Ministerio, que pretende acelerar la instalación de eólica en Canarias para reducir el coste de la generación eléctrica y ahorrar costes (el sobrecoste por producir con energías convencionales en las islas se eleva por encima de los 1.800 millones de euros anuales), se ha visto obligado a eliminar algunos de los obstáculos pendientes.
A través de la disposición final introducida en el Real Decreto-Ley sobre régimen fiscal de Canarias (publicado esta Navidad en el BOE), se establece un nuevo plazo de inscripción en el registro, el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se amplía en dos años el plazo del 31 de diciembre de 2016 –hasta 2018– para que los aerogeneradores estén instalados y en funcionamiento.
Tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como AEOLICAN, la Asociación Eólica Canaria, vienen advirtiendo de que Canarias no se puede aislar de lo que ocurre en el resto de España, donde se han frenado las inversiones como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha traído consigo una Reforma Energética que cambió de modo retroactivo el marco regulatorio anterior, reduciendo e incluso eliminando incentivos, y que permite cambiar las condiciones cada seis años. Además, la nueva normativa discrimina a los parques ya instalados, a los que se les han reducido o eliminado los incentivos en los mismos términos que a los de la Península, ignorando que generan los mismos beneficios de reducción de costes que las que se pretende instalar. En este sentido, AEE propone que los parques existentes en Canarias perciban un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil, de modo que no haya discriminación con las demás tecnologías de generación.
Según los cálculos de AEE, la instalación de los 450 MW eólicos en Canarias previstos en la Reforma Energética supondría una inversión de unos 630 millones de euros, la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques (2015-16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos en las islas.