La Consellería de Industria mantiene el plan eólico

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El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, aclaró ayer que el decreto eólico que impulsa su departamento "no tiene ningún informe jurídico en contra" y confirmó su intención de que el Consello de la Xunta lo apruebe "tal y como está" concebido en octubre y, en cualquier caso, este año.

 

Blanco precisó que la Asesoría Xurídica de la Xunta no se pronunció en contra y que el decreto se encuentra en el Consello Consultivo. Añadió que una vez que este órgano emita un informe, que no es vinculante, será aprobado por el Consello del Ejecutivo autonómico.

 

Según expusieron a Europa Press fuentes de Industria, en el decreto que regulará la actividad eólica, la participación pública en las nuevas adjudicaciones "será un aspecto a valorar, pero no será un criterio excluyente" que impida que se pueda optar a a las mismas.

 

En un primer momento la intención de la Consellería era imponer un porcentaje de participación pública en favor del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), pero fue modificado posteriormente y se estableció como un elemento de valoración para otorgar nuevos aprovechamientos eólicos.

 

El departamento autonómico ya mantuvo hace unos días que "se han incorporado" las recomendaciones de la Asesoría Xurídica al decreto —que cuenta con la oposición de la patronal por entender que atenta contra el libre mercado— y aclararó que "se mantuvo lo sustantivo" y se corrigieron "las cuestiones formales y procedimentales" que indicó el organismo autonómico.

 

Para la EGA, incumple la ley

Por su parte, la Asociación Eólica de Galicia (EGA) sigue manteniendo que Industria "pretende hacerse gratuitamente con una parte del capital de las empresas" y "revocar" permisos para instalar parques eólicos legítimamente otorgados por el mismo departamento, "además de otras medidas que incumplen la ley".

 

Según este colectivo, el informe de Asesoría Xurídica de la Xunta no sólo considera ilegal la participación pública planteada en el borrador, sino que reconoce también ilegal el modelo de participación pública conceptualmente entendido, dado que "el sector eléctrico de generación esta liberalizado y los poderes públicos legalmente no pueden reservarse actuación o participación alguna".

                                                                                                                                         (E. P.)

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