Once fondos internacionales advierten al Gobierno del daño de la reforma energética a las renovables

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Once fondos de inversión internacionales han remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la que le advierten del posible carácter retroactivo de la reforma energética y del daño que esta circunstancia provocaría para la seguridad jurídica en el país y para las renovables.

Los inversores se han cuidado además de poner en guardia a la comunidad internacional, al remitir copias de la carta a los embajadores en España de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, expresa la "inquietud" de los inversores internacionales ante la inminente aprobación de la reforma energética y lamenta tanto la "incertidumbre" y "el retraso" en las soluciones del Gobierno como la "opacidad" con la que actúan las autoridades.

"Dada la situación de la economía española, esta incertidumbre perjudica seriamente la credibilidad de España en los mercados y entre los inversores extranjeros en el sector, que en muchos casos ya han suspendido importantes proyectos de inversión", indican las firmas, entre las que figuran Ampere Equity Fund, Antin Infraestructures Partners, Cube Infraestructures, Eiser Infraestructures Partners, HgCapital, Infrared Capital Partners, KGAL, KKR, MEAG, RREEF Infraestructure y Riverstone Holdings.

Los inversores piden que las medidas no sean "discriminatorias" para las renovables y advierten de sus efectos "nefastos" para la marca España. Cualquier solución fiscal, indican, solo sería "aceptable" si se aplica a todas las tecnologías y si su base imponible es el megavatio hora, y no el volumen de ingresos o la eficiencia de la instalación.

Además, apoyan medidas como una "tasa Robin Hood" que grave los beneficios netos y advierte de que la reforma se cerraría "en falso" en caso de que el 'céntimo verde' o cualquier medida fiscal se dedique a aliviar las cuentas públicas y no a subsanar el problema del déficit de tarifa.

La preocupación acerca de los nuevos gravámenes a la producción eléctrica, que en el caso de energía fotovoltaica se sitúan en el 19% y en la termosolar en el 13%, también ha movilizado al Gobierno estadounidense, cuyo embajador en España, Alan Salomon, mantuvo la semana pasada una reunión con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para analizar el impacto de las medidas sobre la tecnología solar, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Sector movilizado

Mientras, el sector fotovoltaico español está redoblando esfuerzos para impedir que el Gobierno apruebe en los términos inicialmente previstos los nuevos impuestos a la facturación eléctrica incluidos en la reforma energética y, como parte de esta iniciativa, está movilizando embajadas, fondos internacionales y bancos.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ya se ha puesto en contacto con las embajadas de Estados Unidos, Japón, Australia y Emiratos Árabes para alertarles de los planes del Gobierno, así como con fondos de inversión internacionales, la Asociación Española de Banca y las principales entidades financieras del país, según una nota remitida por la asociación a sus socios, a la que ha tenido acceso energelia.

En la nota remitida a sus socios, UNEF explica que también se ha propuesto contactar con otras instituciones para expresar su posición, entre ellas Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Asuntos Exteriores, comunidades autónomas y partidos políticos.

"Normativa endeble"

La asociación entiende que el borrador de la reforma elaborado por Industria, al incluir gravámenes diferentes para cada tecnología, podría dar origen a una "normativa endeble" recurrible en los tribunales, y que esta circunstancia es la que hace que la norma no sea vista aparentemente con buenos ojos en Hacienda.

UNEF se muestra dispuesta a asumir cargas tributarias siempre y cuando no sean discriminatorias y tengan en cuenta que los fotovoltaicos ya sufren los efectos del real decreto ley 14/2010, cuya derogación reclama.

EP

 

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