La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) comunica mediante nota de prensa que rechaza la propuesta de real decreto para el sector solar fotovoltaico por la gran inseguridad jurídica que introduce en el marco regulatorio establecido por el Real Decreto 661/2007. Si ya los bancos y las cajas de ahorros se niegan a financiar los proyectos por la gran inseguridad jurídica imperante, la aprobación y aplicación de la nueva norma puede traducirse en un frenazo total del mercado español.

ASIF considera que la energía fotovoltaica, a punto de alcanzar los objetivos que tiene planteados para 2010 por el Plan de Energías Renovables, tiene que afrontar su futuro inmediato mirando al horizonte de 2020. Ese año la Unión Europea debe cubrir un 20% de su consumo energético con renovables, y la solar fotovoltaica está demostrando que puede contribuir significativamente a ello.

Por otro lado, el mercado fotovoltaico español ha experimentado un crecimiento extraordinario que está provocando un sobrecalentamiento indeseado, y ASIF está dispuesta a participar activamente en el diseño de los mecanismos que deben enfriarlo. El ritmo actual de crecimiento fotovoltaico —superior al 500% durante el último año— se sustenta en unas tarifas que ASIF ya ha propuesto reducir.

ASIF considera que las nuevas tarifas deben equilibrar el descenso de costes del sector con sus necesidades, incluidas las de una industria muy intensiva en I+D y embarcada en potentes inversiones para adquirir cuerpo y competir en un mercado fuertemente globalizado.

Actuación unilateral de la Administración

Por todo ello, el sector fotovoltaico está inmerso, desde hace varias semanas, en la elaboración de un exhaustivo informe sobre la situación, a cargo de la prestigiosa consultora estratégica Arthur D. Little (ADL), con dos objetivos principales: la elaboración de un escenario marco para la energía fotovoltaica en España con vistas al año 2020 y proponer el mecanismo retributivo que debe aplicarse para regir la evolución de la tecnología hasta esa fecha.

Con estos planteamientos trasladados a la Administración y a la espera de que ADL concluya su informe, ASIF lamenta profundamente que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, rompiendo unilateralmente y sin avisar una mesa de trabajo conjunta para abordar la proyección futura de la energía fotovoltaica, haya remitido a la Comisión Nacional de la Energía la nueva propuesta de real decreto. La propuesta, en caso de entrar en vigor, lejos de propiciar el enfriamiento y la consolidación del sector energético con mayor potencial de todos, significará la parálisis total.

Por las condiciones que exige, el nuevo objetivo propuesto de 1.200 MW para 2010 es, de facto, una limitación para captar financiación: ninguna entidad se va a arriesgar a confiar en los proyectos cuya culminación esté planificada para el horizonte 2008-2010 ante el peligro de quedarse fuera de ese cupo de 1.200 MW. El sector fotovoltaico necesita dotarse de un marco estable a largo plazo, sin inseguridad jurídica ni riesgo regulatorio, y rechaza rotundamente la validez de la propuesta de nuevo real decreto.

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