El ministro "buscará una solución" para Alcoa y la gran industria para mantener las condiciones de sus contratos bilaterales de luz
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado en el Senado que el Gobierno mantendrá en 2013 la partida de cerca de 550 millones de euros que reciben los grandes consumidores de electricidad a través de la tarifa eléctrica como compensación por interrumpir su actividad cuando hay un exceso de demanda en el sistema.
Soria ha asegurado además que su departamento ha mantenido reuniones con los grandes consumidores de electricidad, entre ellos Alcoa, con el objetivo de "buscar una solución" a sus altos costes energéticos y mantener las actuales condiciones de sus contratos bilaterales con las compañías eléctricas.
Industria buscará estas soluciones con el objetivo de que "estas empresas sigan produciendo electricidad en España en condiciones competitivas", pero lo hará sin renunciar a su objetivo de que "el déficit de tarifa sea cero en 2013", afirmó el ministro.
Sobre el servicio de interrumpibilidad, por el que las grandes empresas industriales se comprometen a reducir su actividad cuando hay un exceso de demanda de energía, Soria explicó que el sistema eléctrico adolece en la actualidad de "sobrecapacidad", por lo que no es necesario recurrir a este tipo de medidas.
"A lo largo de los últimos años hemos pagado estos 550 millones de interrumpibilidad que van directos al déficit de tarifa, pero sin utilizarla. Pero lo vamos a mantener", anunció el ministro.
"El objetivo del Gobierno es que estas empresas puedan seguir invirtiendo en España en condiciones lo más competitivas posible desde el punto de vista del coste de la energía", señaló.
Soria respondió de esta manera a una pregunta del senador socialista Ricardo Varela acerca de los altos costes energéticos de grandes empresas como Alcoa y de su repercusión sobre sus instalaciones en Lugo.
Cerca del 40% de los costes de esta compañía son energéticos, lo que lastra su competitividad y amenaza con una deslocalización fuera de España, explicó el senado socialista.
EP