La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético ha pospuesto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) varias medidas para acabar con el déficit de tarifa, entre ellas la implantación de un 'céntimo verde' a los combustibles, tasas a la hidráulica, finalización de ayudas al carbón y la eliminación de las actuales subastas eléctricas Cesur.
Estas consideraciones aparecen recogidas en el documento remitido por la plataforma al regulador, al que ha tenido acceso energelia. Tras recibir el encargo del Gobierno de buscar soluciones al déficit de tarifa, la CNE ha abierto una consulta pública.
La plataforma pide que se prohíba la integración vertical en las actividades de generación, distribución y comercialización, propia de las grandes eléctricas. Este sistema ha permitido a estas empresas "manipular a la baja el precio del mercado mayorista para echar del mismo a la competencia", "compensar las pérdidas producidas en el mercado con ingresos regulados" e "incrementar el precio final para el consumidor" a través de las Cesur, afirma.
También propone que las primas a las renovables se integren como parte de los costes de generación, y no como un coste regulado, así como la elaboración de un mecanismos para evitar prácticas internacionales de 'dumping' en la compra y venta de electricidad.
Junto a esto, aboga por un "cambio conceptual" en el diseño del mecanismo de asignación de costes que pivote en torno a los consumidores, y no dependa de los generadores como hasta ahora, y la imposición de una tasa específica a las concesiones de generación, sobre todo la hidráulica, que están vencidas y renovadas y que hayan recibido cualquier tipo de ayuda.
Sobre la eliminación de las subastas Cesur, asegura que solo en 2011 este mecanismo ha hecho que el precio de la electricidad que pagan los consumidores sea un 3% superior a la que resulta del mercado mayorista de la electricidad.
Además, la plataforma pide la internalización del coste del tratamiento de los residuos nucleares en el precio de venta mayorista por parte de las centrales atómicas, así como la internalización por parte de todas las tecnologías de los derechos de emisión de CO2 que provoquen.
Interrumpilidad
Otra de las reinvidicaciones es la de acabar con el servicio de interrumpibilidad, por el que las grandes industrias obtienen mejores condiciones de precio de la electricidad a cambio de ofrecerse a parar su actividad si hay problemas de suministro.
Otro coste del sistema eléctrico que la plataforma quiere retirar son todos los conceptos relativos a "cohesión del territorio y a decisiones políticas coyunturales". Entre ellos, cita los costes de insularidad y extrapeninsularidad, la moratoria nuclear y los purines.
La plataforma propone en total 31 medidas, entre ellas la del reintegro por parte de ciertas empresas generadoras de los excesos percibidos en concepto de costes de transición a la competencia (CTC) y reversión de las plusvalías de venta de Viesgo a Enel como CTC cobrados.
También pide que se limiten los pagos por capacidad que reciben las centrales térmicas, eliminar las ayudas al carbón y utilizar los ingresos obtenidos en las subastas del CO2 a partir de 2013 como mayores ingresos del sistema.
Cupos Renovables
También pide que se establezcan objetivos de ahorro energético anuales a las compañías eléctricas y que se vuelva al sistema de cupos de las energías renovables de aquellas instalaciones que facturen íntegramente al sistema, a través de un mecanismo que adecúe permanentemente las primas a las nuevas instalaciones de renovables en función de la evolución tecnológica, con asignaciones trimestrales de potencia.
En la plataforma participan asociaciones empresariales como la de renovables APPA, la eólica AEE o las fotovoltaicas AEF, AIFOC O ANPER, ASIF, así como la Fundación Renovables, Greenpeace, el IDAE, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y WWF.
EP