La Confederación de Asociaciones Europeas de Accionistas Minoritarios (Euroshareholders) ha defendido en Bruselas los intereses de los accionistas minoritarios de las principales empresas eléctricas españolas ante la posibilidad de que el Gobierno español apruebe una quita de la deuda eléctrica, según informa la asociación en un comunicado.
Las asociaciones de accionistas minoritarios de treinta países europeos se reunieron este lunes en Bruselas, donde acordaron por unanimidad posicionarse en contra de esta posible medida del Ejecutivo español, así como emprender acciones ante las instituciones europeas en el caso de que se aplique.
El presidente del comité jurídico de la confederación y socio del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, José Estévez, solicitó a las asociaciones europeas de accionistas minoritarios que se planteen tomar medidas urgentes ante la posibilidad de implantación de dicha quita.
En este sentido, Estévez aseguró que "el déficit tarifario, principal problema del sector eléctrico, se debe a que la Administración ha fijado tarifas que no reflejan los costes, no a una mala gestión de las empresas eléctricas".
Por ello, Estévez consideró que la aprobación de la quita de la deuda eléctrica supone una "expropiación de intereses legítimos de cientos de miles de pequeños accionistas de toda Europa", y en última instancia, "una injusta disminución del patrimonio de los accionistas", "especialmente de los minoritarios".
Euroshareholders destaca asimismo que la quita no sólo afectaría a los balances de las empresas, sino que también limitaría su capacidad para enfrentar las necesarias inversiones que requiere el mercado.
Descrédito de España
El comité europeo de Euroshareholders ratificó, asimismo, la opinión expresada por el presidente de la Federación Mundial de Inversores, Jean-Pierre Paelinck, quien el pasado 1 de marzo advirtió en España que esta medida generaría una gran "inseguridad jurídica" y "ahuyentaría la inversión internacional".
Por último, Estévez aseguró que con esta medida se vulneraría el principio de seguridad jurídica que rige todo estado de derecho, lo que supondría un "descrédito" de España de cara a los mercados internacionales y los inversores.
EP