La CNE critica que el Gobierno asuma el veto a operaciones corporativas tras fusionar reguladores

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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) lamenta que el anteproyecto de ley de fusión de reguladores y creación de la nueva Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) traslade al Ejecutivo un buen número de funciones que debería desempeñar el macrorregulador.

Entre las funciones que pasarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo figura la actual capacidad de la CNE para vetar operaciones corporativas, conocida como Función 14, según consta en el informe elaborado por el regulador acerca del anteproyecto de creación de la CNMC.

Esta Función 14 ha sido utilizada en 131 ocasiones por el regulador, 56 de ellas en 2011, si bien ha cobrado importancia cada vez que se han estudiado importantes operaciones corporativas, entre ellas las adquisiciones de Endesa o de Unión Fenosa.

La CNE se opone a esta pérdida de competencia porque la Función 14 supone un mecanismo 'ex ante' de supervisión de operaciones empresariales orientado a garantizar el suministro y salvaguardar el equilibrio patrimonial de las sociedades.

En torno a esta función, señala el regulador, se ha ido creando una fuente de precedentes administrativos a menudo invocados por las propias empresas o por la propia CNE a la hora de elaborar sus resoluciones. El mecanismo ha permitido "garantizar la previsibilidad en la actuación administrativa" y consolidar la "confianza y la seguridad jurídica", señala.

Vaciado regulatorio

En su informe, la CNE se muestra también crítica con la pérdida de independencia que puede provocar la nueva norma y hace énfasis en la gran cantidad de funciones que no podrá desempeñar la nueva CNMC y que pasarán a Industria.

Entre ellas figuran las funciones inspectoras y de incoación de expedientes sancionadores, así como otras incluidas en las directivas europeas y relacionadas con aspectos como la calidad del suministro, la protección de consumidores o las revisiones de retribuciones.

El organismo también lamenta que Industria asuma su actual capacidad para ejercer acciones legales para el control de las limitaciones accionariales en REE y Enagás. Con la nueva norma, el Gobierno podría pronunciarse sobre derechos de voto en empresas participadas en un 20%, en el caso de REE, y en un 5%, en el de Enagás.

Incompatible con la ley

El organismo presidido por Alberto Lafuente pide además que la CNMC mantenga un servicio jurídico propio y los actuales consejos consultivos, y advierte además de que "el control de eficacia" que el Ministerio de Economía podría aplicar sobre el regulador "podría no resultar compatible con la normativa de la UE".

El regulador recuerda que la legislación comunitaria apela a la existencia de organismos independientes del Gobierno con potestades ejecutivas, de inspección, de requerir información, de sancionar o de resolver conflictos.

Junto a esto, recuerda al Gobierno que la UE ha promovido en sus directivas la existencia de reguladores "independientes" capaces de desarrollar su trabajo "con imparcialidad y transparencia", y de tener una naturaleza "jurídicamente distinta" y "funcionalmente independiente".

EP

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