Educación renovará 329 contratos eléctricos en infraestructuras escolares de Castilla y León para disminuir el gasto energético de estos centros

Creado: Vie, 01/02/2015 - 12:15
Autor: energelia

La Consejería de Educación y la Consejería de Economía y Empleo por medio del Ente Regional de la Energía (EREN) han colaborado en la realización de un proyecto piloto cuyo objetivo es la aplicación práctica de la herramienta informática OPTE (Optimización  Energética de Edificios de Administación autonómica), adecuando las potencias contratadas  en 141 centros, con un ahorro estimado de 235.090 euros al año. Se está ejecutando una segunda fase en la que se actuará en un total de 329 contratos.

Esta herramienta, desarrollada por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León permite en el ámbito de los edificios de la Administración autonómica, optimizar los contratos eléctricos (adecuar las potencias y tarifas contratadas y eliminar las penalizaciones por energía reactiva instalando baterías de condensadores), establece indicadores energéticos (que permita definir las políticas de intervención para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones), agilizar la contratación de compra centralizada de electricidad y hacer el seguimiento de los contratos (detección de fraudes, desajustes y sobreconsumos).

Dentro del Plan de Mantenimiento y Eficiencia Energética de Infraestructuras Educativas 2011-2015, impulsado por la Consejería de Educación, una de las líneas de actuación que la Junta tiene previsto poner en marcha esta legislatura es la optimización de las facturas de energía eléctrica de los centros docentes de titularidad autonómica. Con este fin, y en colaboración con el EREN, se ha  inventariado los contratos eléctricos de todos los centros educativos a través de la aplicación informática denominada OPTE (Optimización Energética de Edificios de Administación autonómica), cuya gestión permite tener un registro informatizado de los consumos eléctricos,  permitiendo asegurar un uso eficiente de los recursos y controlar el consumo y el gasto energético, permitiendo priorizar las intervenciones de ahorro y eficiencia energética dentro del conjunto de centros educativos. 

La Consejería de Economía y Empleo considera que el ahorro y la eficiencia energética se debe promover desde la ejemplarización en los propios edificios de la administración autonómica, y los centros educativos son principales consumidres de energía que requieren de la optimización y racionalización de su uso.Hasta el momento, ya se han inventariado los puntos de suministro eléctrico de los centros educativos cuya titularidad pertenece a la Administración autonómica. En base a la propuesta realizada, se ha iniciado un proceso de adecuación de las potencias eléctricas contratadas de forma que los centros adecuen la misma a sus necesidades energéticas y la instalación de baterías de condensadores para anular las penalizaciones por consumo de energía reactiva,. En una posterior fase se pretende promover actuaciones de ahorro y eficiencia energética en aquéllos centros con mayor potencial de ahorro energético (a través del análisis de indicadores energéticos), así como mejorar las condiciones de contratación de energía eléctrica con comercializadoras. 

La primera fase de optimización de suministros eléctricos afectará a 239 centros de consumo de los 293 dependientes de la Consejería de Educación. Hasta la fecha, ya se han procedido a modificar las potencias contratadas en 141 de dichos centros, con un ahorro estimado de 235.090 euros al año. Así, la Junta de Castilla y León considera que al final de este proceso de optimización de potencias el ahorro económico generado superará los 335.000 euros anuales, aproximadamente el 8 % de la facturación total de los centros educativos de la Comunidad.

La segunda línea de actuación, que está en plena ejecución en estos momentos, consiste en el proceso de renovación de un total de 329 contratos eléctricos de estos centros educativos dentro del acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, desarrollado por la Consejería de Hacienda. Los expedientes de contratación correspondientes se están gestionando en las direcciones provinciales de Educación. Siguiendo el procedimiento establecido se han generado 37 peticiones de ofertas vinculantes en las que se han incluido un total de 329 contratos con un precio total de licitación de 4.078.914,52 euros. La tramitación de los expedientes se encuentra avanzada en las distintas provincias habiéndose ya producido la adjudicación de los suministros en alguna de ellas y la propuesta de adjudicación en la práctica totalidad, lo que  permite hacer un primera estimación del ahorro que va a propiciarse, que será en torno al 15 % del coste estimado, es decir  610.000 euros.

Ahorro energético en el 30 % de los centros

De la gestión de la base de datos introducida en OPTE se han obtenido informes individualizados, referentes a los puntos de suministro eléctrico y los consumos de las instalaciones, que permiten identificar las posibles mejoras en este tipo de contratos para cada centro: modificación de tarifa de acceso, nueva adecuación de la potencia contratada, reducción de las penalizaciones por energía reactiva, minimización del consumo eléctrico fuera de horario lectivo, etc.

Además, a través de OPTE se podrá facilitar y agilizar el proceso de renovación de contratos eléctricos de centros educativos dentro del acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, gestionado por la Consejería de Hacienda. Asimismo, se ha detectado, tras el análisis de consumos de energía e índices energéticos, un potencial de ahorro energético importante en aproximadamente el 30 % de los centros, que deben ser analizados con detalle a través de estudios específicos. Tras este segundo análisis de optimización, se espera conseguir un ahorro mínimo del 12 % de la facturación, que unido al 8 % anterior, da como resultado la previsión de ahorro indicada del 20 %. 

Esta iniciativa es pionera en la Junta de Castilla y León y, la base de datos creada por el EREN en estos  centros docentes ha supuesto tener inventariado el 15 % de los puntos de suministro, así como el control sobre el coste en energía eléctrica consumida por los mismos.