La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró ayer partidaria de demandar "a nuestro ordenamiento jurídico una exigencia clara de responsabilidades" en materia medioambiental, en el acto de inauguración de la conferencia "Nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental", que se celebró a lo largo de toda la jornada en la sede del Grupo Expansión, organizador del evento.
La ministra instó a las empresas a tener "un conocimiento concreto de su responsabilidad medioambiental, así como de los recursos que deben contar para afrontar los posibles daños", y recordó que, "a partir de 2010, y de un modo gradual, las empresas que superen determinado riesgo de contaminación deberán tener una garantía financiera de caracter obligatorio". "De todos modos, hay un número importante de excepciones, sobre todo en el caso de las pymes", puntualizó Narbona. "Eso sí, si dañan al medio ambiente, tengan o no garantía financiera, tendrán que reponer el daño", apostilló.
Sanciones de hasta 2 millones de euros
La Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a prevenir los daños derivados de la actividad económica y repara los que se causen. Esta norma, que traspone una directiva europea de 2004 "y que actualmente está en trámites parlamentarios", prevé sanciones de hasta 2 millones de euros y la suspensión de un año de la autorización para la empresa.
La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio de que "quien contamina paga", a fin de asegurar que los daños al medio ambiente ocasionados por las actividades económicas sean reparados de manera efectiva y a costa de sus responsables, evitando la factura de la reparación sea sufragada por los presupuestos públicos.
Para ello, se constituye también un fondo estatal para la reparación de daños ambientales con el fin de cubrir la necesidad de reparar cuando por alguna razón no se haya podido aplicar esta norma y el daño se produzca en el dominio público de titularidad estatal.
Los bienes protegidos son de naturaleza medioambiental —agua, suelo, hábitats naturales protegidos y especies silvestres protegidas—, quedando excluidos los daños tradicionales, es decir, los que afectan a los particulares y a sus bienes.
Empresas voluntarias
Por otro lado, la ministra destacó que "muchas empresas españolas siguen criterios de ecogestión de manera voluntaria" y recordó la creciente presencia de las compañías españolas en los índices de sostenibilidad así como en su adhesión al Pacto Mundial, la iniciativa de compromiso ético de la ONU destinada a que entidades y organizaciones de diferentes países acojan, como parte integral de su estrategia y actividades, diez principios concretos de conducta en materia de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Actualmente, cerca de 3.000 empresas de todo el mundo se han adherido al Pacto, medio millar de las cuales "son españolas", subrayó la ministra.
(Europa Press)