Las autonomías acuerdan un documento de posición común medioambiental para defender en la UE

En la reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE que tendrá lugar mañana y pasado en Bruselas, la titular de Medio Ambiente española presentará el documento acordado conjuntamente por todas las autonomías. Entre otros, el acuerdo establece un compromiso de reducción de emisiones del 30% en 2020 (respecto al año 1990).

{xtypo_dropcap}E{/xtypo_dropcap}l pasado viernes se celebró en Santander la reunión en la que finalmente se aprobó el documento de posición común que las comunidades autónomas presentarán en el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se celebrará los próximos días 4 y 5 de diciembre. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, acompañará a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, a Bruselas para defender este documento, que se centra en los temas que la Comisión Europea considera prioritarios, como son el Paquete de Energía y Cambio Climático y el IPPC, según informa el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

Paquete de Energía y Cambio Climático

Las comunidades autónomas han considerado que la directiva relativa a perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) supone una ampliación del ámbito de aplicación de la misma, incluyendo nuevos tipos de instalaciones, otros gases como los PFC´s y N2O, y una simplificación respecto a las pequeñas instalaciones.

Además se modifica el sistema de asignación de derechos, desapareciendo los Planes Nacionales e implantándose gradualmente un sistema de subasta. También plantea destinar un 50% de los ingresos por subasta de derechos de emisión en actuaciones de mitigación y adaptación.

El Paquete de Energía y Cambio Climático también incluye el reparto de esfuerzo entre los Estados miembros para reducir las emisiones de los GEI. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Bali se acordó el establecimiento en 2009 de nuevos compromisos de reducción de emisiones de gases para los países industrializados, incorporándose sectores difusos y no regulados actualmente por el comercio de derechos, por lo que las comunidades autónomas españolas consideran que se deben implantar nuevas medidas legislativas. Para ello se establece un compromiso de reducción de emisiones del 30% en 2020 (respecto al año 1990), y un compromiso adicional de reducción entre un 60 y un 80% para 2050, incidiendo de manera importante sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética.

El último punto del Paquete de Energía y Cambio Climático se refiere a la directiva sobre la captura y almacenamiento de carbono, que establece los requisitos básicos para la seguridad del confinamiento y las medidas de control de fugas. Las autonomías apoyan a la UE al considerar la captura y almacenamiento de carbono como importante medida de mitigación, apoyando el 4º informe del IPCC, que considera claves estas tecnologías en las plantas generadoras de electricidad, de gas, biomasa y carbón, para ser implantadas antes de 2030.

Paquete legislativo del IPPC

Las autonomías también apoyarán la propuesta de directiva relativa a las emisiones industriales (modificación de la Directiva IPPC), que pretende la convergencia y armonización de la legislación existente, repartida en diferentes normativas sobre grandes instalaciones de combustión, emisión de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes, IPPC e industria del dióxido de titanio.

También se propone un Reglamento Europeo estableciendo normas de emisión de CO2 de vehículos ligeros, con vistas a un objetivo de emisión medio de 120 g/km para 2012, y se apoya el fomento del desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la automoción, como son los vehículos eléctricos e híbridos y la utilización de combustibles alternativos.

Otro de los puntos del orden del día del Consejo de Ministros es la deforestación. En la reunión se planteará reducir la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo (no integrantes de la UE), y la gestión sostenible y mejora de los sumideros de carbono en los mismos. Para ello se consideran necesarias ayudas financieras estimadas por la Comisión entre 15 y 25 billones de euros por año, que se deberán obtener a partir de las subastas de derechos de emisión de instalaciones industriales y del 15% de los derechos subastados para el sector de la aviación.

Por último, las comunidades autónomas también plantearán la elaboración de una directiva por la que se establezca un marco para la protección del suelo, ya que no existe ninguna disposición europea en vigor dirigida específicamente a este tipo de protección, aunque en España se dispone del decreto sobre suelos contaminados. Además de los aspectos de contaminación del suelo, se abordarán aspectos de erosión y pérdida de las capacidades de uso del suelo, entre otros.