La Asociación Empresarial Eólica (AEE) reunió ayer en Madrid a asociaciones de las diferentes comunidades autónomas para debatir sobre la situación del sector y encontrar nuevas vías de colaboración y diálogo.
En la reunión, a la que asistieron representantes de las asociaciones
eólicas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Galicia, los asistentes
expresaron la necesidad de que exista una mayor coherencia entre la
regulación que se dicte desde el Gobierno central y la de las
comunidades autónomas. Asimismo, las asociaciones destacaron la urgencia
de un nuevo marco regulatorio que dé estabilidad al sector y del Plan
de Energías Renovables 2011-2020.
AEE expuso las peticiones del sector al Gobierno en torno a esta nueva regulación. Es importante que la norma se base en el sistema actual -que ha funcionado bien-, que tenga en cuenta las características diferenciales del sector eólico y que garantice la rentabilidad razonable de los proyectos. Las demás asociaciones estuvieron de acuerdo, al igual que con la necesidad de que el nuevo PER contenga, al menos, los mismos objetivos que el PANER enviado a Bruselas el pasado año, de 35.000 MW de eólica terrestre y 3.000 MW de eólica marina en 2020. El sector considera este objetivo poco ambicioso -supondrá moderar su ritmo de crecimiento frente al de la pasada década-, pero razonable en la coyuntura actual.
En lo que respecta a la coordinación entre la normativa de la Administración central y las autonómicas, el sector denuncia las dificultades que encuentra para aumentar su competitividad en un contexto en el que las autonomías aumentan las contraprestaciones que piden vía concursos a la vez que implementan nuevas herramientas fiscales, como el canon eólico de Galicia y Castilla La Mancha. El sector considera que estos nuevos impuestos son innecesarios y ponen en riesgo el atractivo inversor de las comunidades que los implantan.