La Xunta paralizará el concurso eólico por la "ilegalidad" del proceso y regulará por ley el "negocio eólico". Prevé recaudar 30 millones anuales con un canon para compensar a los municipios afectados
El concurso eólico se dirimió el pasado 26 de diciembre, en que se repartieron entre 29 grupos empresariales 2.290 megavatios, de los que cerca del 14 por ciento quedaba en manos públicas.
La Xunta anulará el concurso eólico al concluir que el proceso aprobado en diciembre por el Gobierno bipartito presenta una falta de "legalidad directa e infranqueable" en lo relativo a la participación pública de la Administración autonómica para autorizar los parques, así como una "grave" inseguridad jurídica respecto al cumplimiento de las exigencias de los proyectos empresariales asociados a cada polígono.
El anteproyecto de ley que verá mañana el Consello crea un canon eólico que tendrá "naturaleza ambiental" y no fiscal, y que servirá el establecimiento de un fondo para los ayuntamientos en que haya parques instalados y que, entre otros fines, tendrá el de promover energías alternativas como el aprovechamiento de biomasa o generación de plantas energéticas en el campo.
De acuerdo con las cifras aportadas por el responsable de Industria, se prevé recaudar con el canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior Gobierno había estimado unos 270 mediante la participación pública en los parques.
Así lo manifestaron en rueda de prensa el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quienes detallaron las "tachas graves e insalvables de legalidad" del decreto eólico vigente que recoge un reciente informe de 30 de julio de 2009 de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, así como del elaborado por el Consello Consultivo en 2007.
"Seguir adelante con el proceso significaría hipotecar a la Xunta de forma muy grave en el futuro", advirtió Guerra, después de que Bernardo Tahoces recordase que la resolución del concurso eólico fue impugnada a través de más de 50 contenciosos administrativos y tres recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Por ello, el Consello da Xunta aprobará mañana la "paralización expresa" del proceso instruido y la suspensión formal de su tramitación, así como un anteproyecto de ley que regulará el "negocio eólico" en Galicia y establecerá la creación de un canon ambiental con el que se prevé recaudar 30 millones de euros anuales que se destinarán a un fondo de compensación orientado "en su mayor parte" --entre 50% y 100%-- a los municipios en los que estén implantados los parques eólicos y se vean afectados por su impacto visual y paisajístico.
Bernardo Tahoces confirmó, además, que todos los proyectos se ceñirán al Plan Sectorial Eólico y, por tanto, se desarrollarán en las áreas previstas en esta norma de tendrá incidencia supramunicipal y evaluación ambiental estratégica. De este modo, no se permitirá la implantación de aerogeneradores en zonas de Red Natura.
Este impuesto gravará "todos" los parques que hoy están en funcionamiento en Galicia con una carga que se abonará al final de cada ejercicio. El nuevo tributo establece cuatro tramos en función del número de aerogeneradores de cada polígono eólico.
Así, un parque que no supere los tres molinos no deberá realizar pago alguno, mientras que si dispone de entre cuatro y siete abonará 2.300 euros por cada uno. Una instalación de entre ocho y 15 pagará 4.100 euros por unidad y si cuenta con más de 15 esa carga por molino ascenderá a 5.900 euros.
Fuente Reve