El Consejo de Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura la elaboración de un informe sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones del Real Decreto Ley 14/2010, aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado esta semana en el Congreso de los Diputados, que establece una reducción de las primas a las instalaciones fotovoltaicas.
Así lo ha explicado el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro en la rueda de prensa posterior, quien ha señalado que el Ejecutivo regional considera que "hay fundamento político para interponer el recurso de inconstitucionalidad, pero la decisión final dependerá de las conclusiones del informe".
Además, el titular de Energía ha afirmado que el Gobierno extremeño comparte casi la totalidad de las medidas contempladas en el citado Real Decreto Ley para corregir el déficit tarifario, excepto la disposición transitoria segunda, referida a la energía fotovoltaica, ya que "perjudica los intereses extremeños y discrimina de forma injustificada a nuestra región".
En este sentido, José Luis Navarro se ha mostrado favorable a que la energía fotovoltaica "colabore con la corrección del déficit tarifario, igual que lo han hecho anteriormente la termosolar y la eólica". Es decir, acepta la limitación horaria de funcionamiento con derecho a la prima establecida para el total de la vida de la planta fotovoltaica en función de la pertenencia a una de las cinco zonas climáticas en las que se divide el territorio español.
Sin embargo, rechaza el contenido de la disposición transitoria segunda que establece para los años 2011, 2012 y 2013 idéntica limitación para todo el territorio español, sin tener en cuenta la zona climática en la que esté ubicada la planta fotovoltaica.
Finalmente, el consejero de Industria ha afirmado que la Junta de Extremadura estará pendiente de la tramitación de las enmiendas presentadas a la Ley de Economía Sostenible, ya que pueden corregir los aspectos objeto del recurso de inconstitucionalidad y, en tal caso, éste sería innecesario.
Junta de Extremadura