El Gobierno quiere quebrar la industria fotovoltaica

Por Juan Laso. El Ejecutivo prepara medidas retroactivas que obligarán a provisionar casi 20.000 millones de euros a los bancos, dispararán la prima de riesgo-país y generarán diez veces más gastos que el supuesto ahorro obtenido con ellas.

El Gobierno prepara incluir en el Real Decreto Ley de Acompañamiento a los Presupuestos un recorte retroactivo del 30% sobre las tarifas ya aprobadas y vigentes para el 95,5% de las instalaciones fotovoltaicas españolas, según ha manifestado hoy Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica, en Madrid

 Esta medida, a juicio de la asociación fotovoltaica, provocaría la entrada en quiebra de la mayor parte de la industria fotovoltaica nacional, y plantearía un "gravísimo problema" para las cajas y bancos nacionales e internacionales, que tienen apalancados aproximadamente casi 20.000 millones de euros en este sector.

Laso subrayó que por cada euro que el Gobierno consiga ahorrarle a los costes del sector eléctrico mediante esa medida retroactiva e ilegal, generará un gasto y unos sobrecostes diez veces superiores, al disparar la prima de riesgo-país y otros muchos costes laterales, además del evidente perjuicio que la medida tendría sobre la estabilidad del sistema financiero,  de los propios bancos y de las compañías que trabajan en sectores regulados.

Para el máximo exponente de AEF, la creación de inseguridad jurídica, el incumplimiento recurrente del compromiso del Estado, a través de sus normas legales, con los inversores nacionales e internacionales, la inestabilidad regulatoria del sector energético y la amenaza de hundir un sector industrial y empresarial que ha llegado a ser admirado a nivel internacional, deja seriamente en peligro las inversiones futuras en la energía fotovoltaica y en toda actividad regulada.
    
Según las cifras expuestas por Juan Laso, una reducción hipotética del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas ya aprobadas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 (el 95,5% del total del parque fotovoltaico nacional), significaría la entrada en default de esas instalaciones, al no poder generar los flujos de caja suficiente para asumir su deuda.
 Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será "la quiebra inevitable del sector", puso de relieve.

"La inmensa mayoría de los cerca de 60.000 pequeños inversores fotovoltaicos entrarían automáticamente en quiebra, lo que supondría un auténtico drama social", apuntó José Luis Martínez, vicepresidente de AEF.

El presidente de AEF denunció el contrasentido de legislar ahora estas medidas retroactivas cuando el Ministerio de Industria acaba de publicar el pasado 19 de noviembre el Real Decreto 1565/2010 que reduce sustancialmente a futuro las tarifas del sector fotovoltaico. La industria asumió ya, como consecuencia de esta medida unos recortes de más de 600 millones de euros.

Si finalmente salen adelante ahora las medidas claramente  retroactivas, los recortes para la fotovoltaica podrían llegar a casi 3.000 millones de euros en los próximos tres años, vulnerando cualquier principio de rentabilidad razonable. Para el presidente de AEF, es discriminatorio concentrar los recortes en la energía fotovoltaica, cuando supone el 10% de las renovables y cerca de un 3% de la producción eléctrica nacional.

También indicó Juan Laso que la medida retroactiva es ilegal, y que en caso de salir adelante el Real Decreto Ley será recurrido ante el Supremo, para que a su vez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Paralelamente, se plantean recurrir ante la Comisión Europea y en las cortes europeas de arbitraje.

El presidente de AEF consideró una "auténtica tropelía" que ese recorte horario se haga empleando unos ejemplos concretos contenidos en el Plan de Energías Renovables 2005/2010.

 Se está apoyando el gobierno, según Juan Laso, en un documento sin valor legal,  "meramente indicativo y sin ningún carácter vinculante, como pueden ser los planes de carreteras o los de alta velocidad, mientras que sí se incumple la normativa efectivamente aprobada por Industria, y por tanto vinculante, como es el Real Decreto 661/2007 - o la Ley 54/1997, que regula el sector eléctrico -, donde expresamente se excluye cualquier limitación horaria o productiva".

"Es tan retroactivo recortar tarifas como recortar horas",  dijo Juan Laso. "Los inversores - según manifestó - obtienen la rentabilidad de sus instalaciones por los ingresos, que proceden de la producción y de las tarifas, y tan retroactiva es una cosa como otra".

 "El Gobierno - concluyó - debería ser consciente de que plantea una medida inviable, que produciría mucho más gasto que el ahorro que supuestamente obtendría con ella. A nadie se le ocurriría resolver un problema generando uno muchísimo mayor".

AEF