APPA Biocarburantes considera intolerables las presiones que, según revela la prensa argentina, viene ejerciendo el Gobierno de dicho país sobre el ejecutivo español desde hace varias semanas para impedir o, al menos, retrasar la aprobación definitiva del proyecto de Orden de asignación de cantidades de biodiésel.
La inmediata entrada en vigor de esta normativa, que sólo está pendiente ya de la firma del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, es absolutamente imprescindible para evitar el derrumbe definitivo de un sector que tiene completamente parado el 85% de su capacidad instalada (4,3 Mt entre un total de 49 plantas), como consecuencia de la competencia desleal del biodiésel argentino e indonesio, que se ha hecho ya con casi el 60% del mercado español de este biocarburante. "Sería increíble que el Gobierno español se plegara ante las presiones y el chantaje del país precisamente causante de esta crisis, sacrificando a la industria española de biodiésel. El Ministerio debe aprobar la Orden sin dilación alguna", asegura Alfonso Ausín, Presidente de APPA Biocarburantes.
La industria española de biodiésel ha invertido cerca de 1.400 millones de € y creado más de seis mil puestos de trabajo en los últimos años. La grave crisis del sector, generada por las prácticas comerciales desleales de Argentina e Indonesia, ha provocado ya la pérdida de casi 3.000 puestos de trabajo directos, por lo que resulta evidente que la aprobación del proyecto de Orden permitiría no sólo salvar los actuales empleos sino recuperar buena parte de los que han ido desapareciendo.
Más de dos años después de la entrada en vigor de las medidas antidúmping y antisubvención adoptadas por la Unión Europea para frenar la entrada masiva de biodiésel procedente de Estados Unidos -que entre 2007 y principios de 2009 provocó estragos-, el mercado español sigue dominado básicamente por importaciones desleales, ahora procedentes en su mayoría de Argentina e Indonesia.
Importaciones masivas y tasas diferenciales
Los datos oficiales de Aduanas señalan que en 2010 se importaron en España unas 825.000 t de biodiésel puro, lo que supone el 61% de todo el consumo nacional en ese mismo período, habiendo llegado las importaciones incluso al 80% en el tercer trimestre del año anterior. Más de tres cuartas partes de estas importaciones provinieron de Argentina (53%) e Indonesia (24%).
El peso de las importaciones de estos dos países ha seguido incrementándose en el primer trimestre de 2011 hasta superar entre ambas el 90% del total de las mismas (238.000 t), lo que les ha permitido hacerse ya con casi el 60% del mercado español de biodiésel en este mismo período (378.000 t), una porción superior a la alcanzada en 2010 (47%).
La imparable avalancha de biodiésel procedente de estos dos países tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que ambos aplican. Así, por ejemplo, el Estado argentino grava la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%.
Siendo estos países los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo que utilizan dichas materias primas. De acuerdo con los cálculos realizados por APPA Biocarburantes a principìos de año, esta ventaja artificial se situaría en alrededor de 100 €/t.
"Nunca hemos pedido al Gobierno medidas proteccionistas, sino simplemente que no se permita la competencia desleal en el mercado español. Los gobiernos de otros países europeos lo entendieron hace años", asegura Alfonso Ausín, para quien el Gobierno argentino intoxica si pretende hacer creer que la industria argentina de biodiésel es per se más competitiva que la española, cuando la realidad es que su ventaja es artificial y se fundamenta básicamente en la aplicación de estas tasas diferenciales.
Proyecto de Orden de asignación de cantidades de biodiésel
Tras varios años reclamando al Gobierno la adopción de medidas internas, en la línea de las adoptadas por países como Francia, Bélgica, Portugal, Grecia e Italia, que impidan la competencia desleal del biodiésel importado y aseguren la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) decidió a mediados del año pasado pasar por fin a la acción, impulsando el citado proyecto de Orden Ministerial.
El pasado 22 de octubre de 2010, el MITyC anunció públicamente el envío del proyecto de Orden a informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con el fin, según la nota de prensa emitida por propio el Ministerio, de "evitar las importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas".
Estos objetivos se conseguirían mediante la puesta en marcha de un mecanismo de asignación de cantidades de producción de biodiésel a fábricas comunitarias "similar al existente en otros países europeos". Mediante este sistema, que estaría vigente durante dos años, prorrogable a otros dos más, el Ministerio asignaría hasta 5 millones de toneladas de producción de biodiésel a aquellas plantas comunitarias que presentaran su solicitud. Sólo el biocarburante producido en estas fábricas podría ser utilizado para cumplir las obligaciones de biocarburantes en España.
En comparación con los sistemas de asignación vigentes en otros países europeos, el mecanismo propuesto compaginaría adecuadamente la lucha contra las importaciones desleales y la competencia en el mercado español, objetivo que quedaría asegurado desde el momento en que la cantidad total a asignar (5 millones de toneladas) es más del triple que la demanda obligatoria de biodiésel prevista en España para 2011 (1,6 millones de toneladas).
En los más de siete meses transcurridos desde su presentación pública, el proyecto ha ido superando satisfactoriamente las diferentes fases de su tramitación administrativa, incluyendo la obtención de sendos informes favorables de la CNE y del Consejo de Estado. Su entrada en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado, sólo está pendiente ya de la firma del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, sin que sea necesario ningún trámite adicional.
APPA