La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha emitido un comunicado reclamando al Gobierno la aprobación urgente de los objetivos obligatorios de consumo de bioetanol y biodiésel, separados pero idénticos en porcentajes (1,9% en 2008; 3,4% en 2009 y 5,83% en 2010 en relación con la gasolina y el gasóleo respectivamente), previstos en el proyecto de Orden que presentó el pasado mes de julio el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) para desarrollar reglamentariamente la obligación de biocarburantes introducida en la Ley 12/2007, de 2 de julio, de modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH).

APPA, que agrupa a la práctica totalidad de los productores españoles de carburantes renovables, lamenta "los cinco meses que ha tardado la Comisión Nacional de la Energía (CNE)" en informar del proyecto, ya que esto ha impedido que esta disposición haya podido entrar en vigor el 1 de enero de 2008, tal como estaba previsto en la propia Orden.

El Gobierno debe tener la valentía de aprobar lo que propuso en julio, de lo contrario estaría dinamitando la consolidación de la industria española de biocarburantes

El presidente de APPA Biocarburantes, Roderic Miralles, es contundente: “El Gobierno debe tener ahora la valentía de aprobar el proyecto con los mismos objetivos obligatorios de bioetanol y biodiésel —1,9% en 2008, 3,4% en 2009 y 5,83% en 2010— que propuso en julio”, y añade: “Ya que de lo contrario, estaría dinamitando la consolidación de la industria española de biocarburantes e impidiendo el desarrollo armónico y paralelo del consumo de bioetanol y biodiésel en España”.

El informe remitido por la CNE, de caracter preceptivo pero no vinculante, incluye, según APPA, obligaciones específicas de biocarburantes que no sólo son inferiores a la capacidad de producción ya instalada sino que además son coincidentes con los niveles de consumo ya existentes en el mercado. “El establecimiento de objetivos obligatorios de consumo de bioetanol inferiores al 5,83% en 2010 no sólo destruiría una parte de la capacidad productiva ya existente —con cuatro plantas operativas—, las inversiones realizadas y los puestos de trabajo creados en España, sino que además”, asegura Miralles, “afectaría negativamente a la viabilidad de los nuevos proyectos de inversión previstos y necesarios para el cumplimiento tanto del objetivo del 5,83% en 2010 como del objetivo mínimo del 10% de biocarburantes fijado por la Unión Europea para 2020”.

El mantenimiento del actual tejido industrial de producción de biodiésel, añade el comunicado de APPA, con más de 20 plantas ya operativas en España, requiere además "la adopción urgente por parte del Gobierno de las medidas adecuadas para poner freno a la entrada masiva en España de biodiésel procedente de Estados Unidos en situación de dumping fiscal, al beneficiarse del incentivo fiscal nacional pese a venir ya de origen con una subvención equivalente". Esta situación está provocando, según APPA, una grave crisis a la industria nacional, imposibilitada de poder competir en su propio mercado natural.

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